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Aunque sujeto al secreto procesal, se filtró el proyecto de resolución del Tribunal Electoral que, en su caso, levantaría las medidas cautelares en contra de funcionarios públicos de Morena.
Twitter: @PartidoMorenaMx
Como no hay problemas que perturben la paz de los sepulcros de nuestras crisis de cada día, el Tribunal Electoral se encamina a levantar las medidas precautorias a morenistas funcionarios de gobierno para no asistir a mítines políticos, como si a ellos les importara mucho.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) prevé revocar el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) de medidas preventivas para que nueve servidores públicos se abstengan de asistir y organizar en cualquier lugar del país eventos iguales o similares a los que se realizaron el 12 de junio, en el Estado de México, y el 26 del mismo mes en Coahuila, por considerarlos actos anticipados de campaña para renovar la presidencia y el proceso local 2022-2023, respectivamente.
Los beneficiados serían Citlalli Hernández, secretaria general de Morena; los gobernadores Marina del Pilar Ávila, de Baja California; Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán, y Carlos Manuel Merino Campos, de Tabasco, así como Mara Lezama, gobernadora electa en Quintana Roo, y Américo Villareal, gobernador electo de Tamaulipas.
También, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, y los legisladores federales Mario Llergo y Andrea Chávez Treviño.
Las medidas preventivas se dictaron ante una queja del PRD contra la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, entre otros, por la supuesta comisión de actos anticipados de campaña.
El proyecto a discutir en breve, es del magistrado Felipe de la Mata Pizaña y en él, se asegura, argumenta que debe revocarse el acuerdo impugnado por su indebida fundamentación y motivación, ya que no se advierte, ni siquiera de modo indiciario, una conducta antijurídica que la justifique.
Por tanto, se desecharían otras demandas de recursos similares como la de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, pues se considera que no cuenta con un interés jurídico ya que la medida preventiva era improcedente respecto de tal servidora, porque la Comisión de Quejas advirtió que la recurrente no asistió al evento en Coahuila.
Por supuesto, el pleno tiene la palabra y los votos.
Con información de La Jornada.
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