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Aunque ya no hay corrupción, las irregularidades en Segalmex, tan solo en 2021, superan a la Estafa Maestra. No hay nadie en la cárcel. Su exdirector trabaja hoy en Gobernación.
Especial
Si bien deja a la Estafa Maestra muy atrás, el caso de Segalmex sigue expulsando pus, pero no resultados.
El desastre financiero del Sistema de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) no alcanza parangón.
Segalmex, que integró a Diconsa y Liconsa en la responsabilidad del abasto social de productos de la canasta básica a precios subsidiados en comunidades rurales, tuvo una operación plagada de irregularidades por al menos 9 mil 500 millones de pesos en 2021, irregularidades que provocaron la no validación de sus estados financieros por el despacho contable contratado para revisarlos.
Segalmex, cuyo antecedente Conasupo y, también, sus malos manejos, no entregó evidencia del reparto de maíz y frijol por 212 millones de pesos, tampoco tiene pruebas de la recepción de bienes o servicios que generaron pasivos por 269 millones ni de una diferencia de 476 millones entre el valor de granos registrado en el sistema y lo asentado en estados financieros.
Tres ex funcionarios, que no fueron identificados por su nombre, se robaron 29.6 millones de pesos que recibieron desde 2019 para "gastos de viaje y gastos a comprobar" y por los cuales ya hay denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR), según enlistó el despacho Salles SainzGrant Thornton. Pero el exdirector de Segalmex cobra hoy de asesor en Gobernación.
El pasado 22 de marzo se supo que Diconsa no tiene pruebas de haber recibido múltiples bienes, servicios y arrendamientos por 447 millones de pesos, además de gastar sin aval de Hacienda 2 mil 104 millones de pesos adicionales al presupuesto autorizado.
A la empresa Maison de Chance, la cual supuestamente les vendió 300 mil litros de gel antibacterial y 2 millones de cubrebocas por 40 millones de pesos, no la hallan por ningún lado.
El 19 de abril, López Obrador removió a Ignacio Ovalle de la dirección de Segalmex, y lo reemplazó con Leonel Cota, ex gobernador de Baja California Sur, de filiación morenista.
Liconsa tiene cuentas por pagar a corto plazo por 776 millones de pesos, pero no hay facturas para soportar su pago.
Tampoco hay documentos para cobrar mil 344 millones de pesos a terceros a los que Liconsa vendió mercancías.
Por "diversas limitaciones a su trabajo" y "faltas de atención significativas" la falta de entrega de documentos involucra más de 9 mil 500 millones de pesos.
Con información de Reforma.
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