Las estadísticas de criminalidad se modulan al gusto de cada uno, pero la realidad es muy necia.

Con datos del Inegi, el 58% de los habitantes del país percibe el tema de la inseguridad como el que más les preocupa, muy por encima del desempleo, la salud o el aumento de precios.

El 69% no se sienten seguros caminando de noche en la calle. Ya son más de 100 mil los desaparecidos y, de ellos, la mitad desaparecieron de diciembre de 2018 a la fecha.

Por otro lado, las investigaciones de la Fiscalía General de la República disminuyeron un 30% entre el 2018 y el 2020.

La impunidad en delitos federales es del 95%, contra 61% en 2014.

Si bien el Inegi reconoce que un poco menos del 90% de los delitos no son denunciados en México, en este sexenio se han presentado ante las fiscalías del país casi dos millones de denuncias y querellas. De ellas, solamente han derivado 65 mil vinculaciones a proceso y ¡únicamente 7 mil juicios orales por año!

El 97% de los delitos cometidos en el estado de Guerrero no se denuncian, el 95% en Sinaloa y Zacatecas.

El sistema de justicia penal no funciona bajo ningún estándar de medición conocido. Cada Ministerio Público tiene a su cargo 145 carpetas de investigación en promedio y cada defensor público atiende 37 asuntos anualmente.

Tan solo en esta administración se han asesinado a 16 presidentes municipales en el cargo, casi 60 periodistas y más de 100 defensores de Derechos Humanos.

Más de 21 millones de personas son víctimas de la delincuencia cada año en el país.

A la fuente de prensa de la presidencia la para un retén de hombres del crimen organizado armados y el presidente dice que no pasó nada.

La violencia feminicida es imparable; a diario matan en promedio a 10 mujeres en México solo por ser mujeres. El 66% de mexicanas han sufrido violencia a lo largo de su vida y en muchos casos la asistencia y cuidado de las instituciones ha sido nulo.

El presidente afirma que la mayor parte de la tarea de lucha contra el delito corresponde a las autoridades locales. El 92% de todos los delitos que se cometen en el país son competencia de las entidades federativas: los gobernadores y gobernadoras han fracasado estrepitosamente en el tema de la seguridad. Las policías locales están en una situación deplorable: sin entrenamiento, sin equipamiento, sin respaldo financiero, sin capacidad alguna de respuesta.

El austericidio a que se ha sometido a las policías en beneficio de la Guardia Nacional es innegable.

Si queremos mejorar y tener un país más seguro necesitamos comenzar a construir desde los municipios y de ahí ir subiendo hasta el nivel federal, al revés de lo que se ha hecho en el actual gobierno, en el cual la única apuesta ha sido la militarización del país y la creación de la Guardia Nacional.

Con información de El Universal.

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