Porras y alertas se mezclan en las deliberaciones sobre la reforma eléctrica
Morena echó por delante a todos sus gobernadores, aunque entre especialistas las opiniones se dividen entre porras y alarmas.
canva.com
¡Cierren las puertas, señores!, se oyó en San Lázaro, y empezó el parlamento abierto sobre la reforma eléctrica donde expertos y miembros de la industria del ramo deliberan sobre sus impactos e implicaciones.
Para unos, si se aprueba la reforma eléctrica podrían registrarse apagones en 50% de las conexiones del país.
Para otros, si no se aprueba y mantiene el actual sistema, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reducirá hasta 16% su participación en la generación nacional de energía.
Así arrancaron ayer los foros de discusión con la participación de expertos en la Cámara de Diputados.
Para Carlos De María, vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético y abogado de empresas dedicadas a la energía en México, si se cancela la generación del 62% de la energía producida hoy por particulares (la reforma propone que la CFE genere el 54% de la energía eléctrica en México, cuando hoy genera 38%), alrededor de 50% de usuarios, es decir, alrededor de 62 millones de personas, se quedarían sin luz, lo que provocaría un paro económico en la industria y el comercio, con su consecuente pérdida de empleos.
De María explicó que en los 70, cuando se estatizó la industria eléctrica, México no tenía tratados internacionales con más de 130 países ni existía el calentamiento global, por lo que en el contexto actual es impensable volver al modelo estatal que no satisface los requerimientos de capital y tecnología que necesita una industria nacional del tamaño que hoy tiene.
En el primer día de deliberaciones, la ceremonia inaugural fue prácticamente copada por gobernadores morenistas.
Ya en las mesas de trabajo, De María explicó que en 1992 se crearon esquemas complementarios para la participación privada, transfiriendo riesgos y obligando a que invierta, se endeude y traiga tecnología de punta bajo la rectoría del Estado.
Así, los dos esquemas con mayor penetración fueron el del productor independiente de energía apalancando con sus financiamientos con un contrato por el que tiene que venderle a CFE y la opción entre privados de autoabastecimiento, en que las empresas generan para sí mismas, también bajo la regulación del Estado.
“En 2013, bajo un esquema de colaboración entre el Estado y los sectores privado y social se busca modernizar y volver eficiente la generación de energía en el país”, aseveró De María, y aún “hay muchas áreas por mejorar, migración de esquemas, revisión de costos, inversión en transmisión, pero mejorarlo no significa cancelarlo”.
Por su parte, Manuel Hornelas, jefe de la Oficina de Programa de Ahorro de Energía de la CFE, argumentó en favor de la reforma, alegando la confiabilidad del sistema: las proyecciones del gobierno, avaladas por auditores externos, arrojan que de un 54% de participación de la empresa del Estado en 2017, se ha bajado a 51% en 2018, a 47% en 2019, a 38% en 2021, y la tendencia con las reglas de despacho actuales llevarán a que concluya el sexenio con únicamente 29%, nivel que bajaría hasta 16% en el 2030.
“Esto es inadmisible, la naturaleza de los generadores privados es obtener ganancias, de lo contrario no pueden funcionar y eso no los vuelve criminales, los vuelve racionales y creadores de empleos, pero no proveedores de un bien social como es la electricidad y por esto necesitamos la intervención del Estado”, aseveró el funcionario.
También recordó que hace un año se registró la menor temperatura en el hub gasífero de Texas, que provocó congelamiento de la infraestructura de transporte de gas necesario para la generación de electricidad para todo Estados Unidos y para México. Entonces, la CFE aumentó de 8% a 21% su generación hidroeléctrica, mientras que los ciclos combinados operados por privados bajaron su generación de 64% a 38% del total nacional en horas.
Rosanety Barrios, analista independiente del sector energético y exdirectiva de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, se decantó en favor de la autonomía de los rectores de la red eléctrica nacional, como el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que decide con criterios de costos quién puede vender su energía, y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que establece las tarifas para mercados competitivos. Ambos, por la reforma, serán absorbidos por la CFE y la Secretaría de Energía, convirtiéndose en juez y parte, en competidor y rector de la política energética nacional, lo que eliminaría la competencia diseñada para beneficiar a los consumidores.
“Como entidades separadas, con autonomía, así operan en el mundo y operan bien. Centralizar sólo crea ineficiencias y sobrecostos que terminamos pagando todos los mexicanos”, dijo la experta.
Por su parte, Nicolás Domínguez, vicepresidente de la Sociedad de Ingenieros Hispanos Profesionales, explicó que desde el siglo pasado múltiples empresas han desarrollado esquemas de privatización de la energía y, derivado de estas presiones, se crearon figuras como la de los productores independientes de energía, en que la CFE se ve obligada a comprar el 31% de la electricidad que se genera en México, a precios crecientes. Pero si las empresas generadoras tienen excedentes no se lo venden a la CFE, sino que se lo venden a otros, en un esquema de “lavado de electricidad”, similar al de los socios de autoabastecimiento que son clientes de las generadoras disfrazados y que ascienden a más de 10 mil hoy en día.
“Si se sigue reduciendo a la CFE, en siete años produciría el 16% de la energía, como en España, donde ya no alcanza para la energía, porque no hay empresa estatal y los ciudadanos promedio que ganan mil euros al mes deben decidir si pagan la electricidad o comen, por lo que no prenden la calefacción o se iluminan con velas durante el invierno”, sostuvo no sin cierto dramatismo.
En contra de la propuesta, Montserrat Ramiro, economista ex comisionada de la CRE, dijo que de 1992 a 2013 la economía se multiplicó 1.65 veces, lo que obliga a tener una discusión diferente, toda vez que la rectoría del Estado está en la regulación, y en la revisión de costos, sin elementos dogmáticos. El costo promedio de generación de la CFE en 2020 era de mil 413 pesos por megawatt hora, mientras que el de los privados estaba de mil 124 pesos por unidad y el de las subastas en 401 pesos.
“Lo importante no es quien genera, sino quién lo hace de la forma más eficiente y limpia posible. El dilema no es entre empresas, sino entre energía, fósiles y renovables, la energía limpia tiene mucho espacio para crecer. El verdadero reto es actualmente de transmisión, que sí es monopolio del Estado”, aseguró.
A favor de la iniciativa, Héctor Cuapio Ortiz, integrante del Sindicato Único de Trabajadores de la Electricidad de la República Mexicana (Suterm), dijo que poco más de 100 mil trabajadores están a favor de la reforma y aseguró que se comprometen a que se cumplirá con las metas internacionales en materia de transición energética y no habrá desabasto de combustibles o electricidad en el país.
“El país está electrificado gracias al esfuerzo de los trabajadores de la CFE. Eso no va a cambiar, la electricidad es un derecho universal y lo sabemos. No es una discusión de mercado, sino de seguridad nacional y por eso apoyamos la reforma”, aseguró.
Con información de
El Economista.
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