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El presidente ha sido consistentemente omiso en proponer nombramientos a vacantes en órganos autónomos, de suerte de impedir así su debido funcionamiento. El tema ya en la Corte.
Especial
Ahora hasta los nombramientos son materia de controversia constitucional en la Corte.
"El titular del Ejecutivo Federal ha sido omiso, de manera manifiesta, irrazonable y sostenida, en el ejercicio de su facultad de carácter obligatorio", acusa la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en controversia constitucional promovida el 3 de diciembre ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), firmada por la comisionada presidenta, Brenda Hernández Ramírez.
López Obrador estaba obligado a proponer a dos integrantes para cubrir sendas vacantes en la Cofece, una en noviembre de 2020 y otra en abril de 2021. A la fecha está en omisión.
Elle, pese a que en las fechas mencionadas el Comité de Evaluación de la Cofece remitió al Ejecutivo federal las listas de aspirantes que obtuvieron las más altas calificaciones, para que entre ellos seleccione a los que desee proponer al Senado a efecto de concretar el nombramiento de los dos comisionados y garantizar el legal funcionamiento de la institución.
"En términos de los preceptos Constitucionales señalados, el titular del Poder Ejecutivo Federal está obligado a seleccionar y proponer al Senado, para su ratificación, el nombramiento de los candidatos que ocuparán cada vacante en esta Comisión", añade la Cofece.
La controversia sólo se constriñe a las vacantes que deberían haber sido ocupadas desde noviembre de 2020 y abril de 2021, respectivamente; pero el Ejecutivo tiene pendientes otros tres nombramientos en la Cofece, pues el Comité de Evaluación le envió candidatos en noviembre pasado para ocupar el lugar que dejó la ex presidenta Alejandra Palacios.
Lo anterior ha reducido a Cofece a funcionar con cuatro de sus siete comisionados, con lo cual impide que voten ciertos asuntos relevantes que requieren una mayoría calificada.
La situación no es aislada, similar es el caso en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el otro órgano autónomo creado por las reformas constitucionales de 2014, donde el procedimiento de nombramiento también pasa por el Comité de Evaluación.
La controversia está en trámite de admisión.
Con información de Reforma.
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