Mujeres líderes, expertas y activistas se reúnen para construir la agenda de género de la CDMX
Dos secretarias que nada saben, un líder minero que se lava las manos, un senador carbonífero desaparecido y un Estado que desde 1998 está pendiente de ratificar el convenio de la OIT sobre seguridad en minas.
Especial
México, siendo un país minero, aún duerme el sueño de los justos sobre el Convenio 176 sobre seguridad y salud en las minas, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en vigor desde 1998, mismo que no ha ratificado.
El acuerdo obliga que el empleador adopte todas las disposiciones necesarias para eliminar o reducir al mínimo los riesgos para la seguridad y la salud presentes en las minas que están bajo su control.
Pero partamos de que a una semana de la inundación de la mina de carbón El Pinabete, donde quedaron atrapados 10 mineros, en Sabinas, Coahuila, persisten fundadas dudas sobre quién es su propietario.
Para Luisa Alcalde, secretaria del Trabajo, la prioridad es el rescate de los mineros y, después, iniciará las investigaciones sobre quién operaba este lugar, no obstante ser su responsabilidad legal su supervisión y vigilancia.
"Ahorita lo principal es eso, que podamos rescatar a los 10 trabajadores que quedaron ahí atrapados. Una vez concluida esa prioridad, se iniciarán las investigaciones", afirmó en entrevista con medios, como si fuera responsable de Protección Civil y no secretaria del Trabajo.
Por su parte, el senador y líder del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, señaló que los mineros atrapados no están sindicalizados.
"Las autoridades laborales no cumplen con su obligación de inspeccionar ni supervisar a esos poceros-empresarios del carbón y por eso ocurren muy seguido estas tragedias", refirió.
El Convenio 176 advierte que los empleadores deberán asegurarse que la mina se diseña, se construye y se dota de equipos eléctricos, mecánicos y de otra índole, incluido un sistema de comunicación.
De tal manera que se garantizará una explotación segura y un medio ambiente de trabajo salubre.
También obliga el acuerdo pendiente de ratificación por México, a establecer, siempre que sea posible, dos vías de salida desde cualquier lugar subterráneo de trabajo, cada una de ellas comunicada con una vía independiente de salida a la superficie.
Por igual, se debe asegurar la vigilancia, la evaluación y la inspección periódica del medio ambiente de trabajo para identificar los diferentes riesgos a que puedan estar expuestos los trabajadores, y evaluar el grado de exposición a dichos riesgos. Lo que estaría a cargo, si no por el acuerdo, sí por la legislación nacional vigente, de la Secretaría de Trabajo federal.
Subsisten, mientras tanto, incógnitas sobre quiénes son los propietarios del Pocito. Si bien existe un registro ante la Secretaría de Economía, no hay certezas de quiénes la operan.
El título de concesión de la mina es el 221087 y aparece con el título original de Minera Río Sabinas, asentada en una superficie de 25.49 hectáreas.
Sin embargo, la Secretaría aseguró que seguramente vendió la concesión, por lo que ahora aparece como CIA Minera El Pinabete, cuyos propietarios son Humberto Omar Villarreal Beltrán y Humberto Omar Villarreal González.
Pero otros reportes señalan que vendieron su participación.
Así, dos secretarias de Estado no saben lo que pasa en las minas bajo su cargo.
El siempre dicharachero senador Guadiana, minero, carbonero y de Coahuila, calla como momia y pasa en este trance como espectro.
Con información de Reforma.
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