Priorizar implica también desplazar. Y la reforma eléctrica relegó al olvido agenda de mujeres, niños y grupos vulnerables.

Posiblemente la reforma electoral siga restando atención y solución a los problemas de estos grupos sociales.

El primer año de sesiones de la actual Legislatura (LXV) dejó de lado iniciativas fundamentales de carácter social para dar preferencia a la propuesta de reforma eléctrica, cuya discusión llevó siete meses y, al final, fue rechazada.

Entre los temas relegados destacan la atención a mujeres, niños, grupos vulnerables, periodistas, seguro de desempleo y apoyo a microempresarios, entre otros, los cuales no se dictaminaron, en contraste con las propuestas impulsadas por el bloque mayoritario de Morena y sus aliados.

En los dos periodos de sesiones se presentaron mil 957 iniciativas, sin contar las que no se dictaminaron en la legislatura pasada y que, por primera vez, pueden ser retomadas para darle continuidad al trabajo de los tres años previos.

Fue hasta los últimos tres días de sesiones que el Pleno dio velocidad a los pendientes para aprobar reformas como la prisión preventiva por intento de feminicidio; castigo al matrimonio infantil, así como la prohibición de importación y exportación de vapeadores.

Una de las iniciativas atorada en la Comisión de Justicia es la eliminación del delito de aborto en materia federal, propuesta por Ana Karina Rojo (del PT) el pasado 28 de octubre. Esta petición ha sido una de las mayores exigencias del movimiento feminista a nivel nacional.

Los menores en orfandad por Covid-19, una iniciativa de la panista Sonia Rocha por la que el DIF realizaría una actualización permanente, con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para la identificación y el registro de niñas, niños y adolescentes en esta situación, duerme el sueño de los muertos.

La iniciativa de la priista Melissa Vargas sobre la integración del banco nacional de datos e información sobre casos de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, no ha sido aún dictaminada.

Una de las propuestas más fuertes, impulsadas por diputados de oposición, fue la protección a periodistas, para hacer frente a los señalamientos que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador; no ha tenido suerte.

Las iniciativas siguen en comisiones, como la presentada ante comisiones unidas de Justicia y de Transparencia y Anticorrupción para evitar las agresiones y el daño físico y psicológico contra defensores de Derechos Humanos y periodistas, derivados de sus actividades, por parte de funcionarios públicos.

En la Comisión de Justicia sigue pendiente la iniciativa de Reyna Ascencio (de Morena), para establecer que las personas tienen derecho a que la expresión de género se vea reflejada en la credencial para votar, en el nombre y en la foto.

En el área de la salud, la delimitación de la objeción de conciencia, que debe dictaminarse por sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pese a que en febrero se realizó un parlamento abierto, no se ha llegado a un consenso para avanzar con su dictamen.

Hace un año, la emecista Rocío Banquells propuso se consideren prioritarias y de interés público las estancias infantiles para el cuidado y atención al desarrollo integral de la primera infancia, sin que a la fecha haya sido atendida.

El PAN presentó una propuesta para crear un seguro de desempleo y otorgar un estímulo fiscal de cuatro meses a las empresas que contraten trabajadores en esta situación. La misma suerte.

También del PAN es la iniciativa para la creación de un fondo de aportaciones para la competitividad de mipymes en las entidades federativas, con el fin de destinar 0.14% de la recaudación federal participable para impulsar programas y proyectos orientados a desarrollar sus capacidades de gestión, asesoría, capacitación y para fomentar el incremento de su productividad. Ambas duermen en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Del PRI, la iniciativa de Lorena Piñón, para prohibir la circulación en carreteras y caminos de territorio nacional a los transportes de doble remolque, con el argumento de que representan un alto riesgo, a la luz de los accidentes en los que han estado involucrados estos camiones, que se perfilaba fuera discutida en la última semana del segundo periodo de sesiones, no fue incluida entre los dictámenes que subieron al Pleno.

En contraste, los temas que lograron aprobación en ambas cámaras han sido los prioritarios para la 4T, incluyendo las modificaciones a leyes presentadas por el presidente López Obrador y sin cambiarles una coma.

La Ley de Revocación de Mandato se aprobó el primer día de la Legislatura, en fast track. Aún así, la ley salió con 400 días de retraso a lo establecido en los artículos constitucionales transitorios.

Le siguió una reforma para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no intervenga en las decisiones internas del Congreso, propuesta impulsada por Morena y PT, para que las oposiciones queden indefensas cuando sean relegadas en la integración de la Comisión Permanente que, sin embrago, fue respaldada por el PRI.

Otro más fue el decreto de interpretación de propaganda gubernamental, con el fin de que los funcionarios pudieran promocionar la revocación de mandato, a semanas de su celebración.

La Ley Minera para la exploración y explotación del litio fue aprobada en un tiempo récord de tres días en el Congreso de la Unión, tras el rechazo de la reforma eléctrica en el Pleno de San Lázaro.

El último tema del Ejecutivo aprobado en este segundo periodo ordinario fue la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, así como darle mayores atribuciones a la Comisión Nacional de Búsqueda, ante la crisis forense de casi 100 mil desaparecidos en el país, que, a diferencia de las otras propuestas impulsadas desde la Presidencia, obtuvo el apoyo de todos los grupos parlamentarios, aunque con la exigencia de dotar presupuesto a este nuevo centro.

Con información de La Razón.

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