Tras la eliminación de la jornada escolar ampliada y los servicios en materia alimentaria que ofrecía el programa "La Escuela es Nuestra", la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) se muestra preocupada debido a las inminentes consecuencias sociales de esta decisión gubernamental.

La FMOPDH listó entre los riesgos por la cancelación de los programas la deserción escolar, la prevalencia de embarazo entre niñas y adolescentes y el incremento de la participación de menores de edad en tareas no remuneradas de cuidado, así como un probable incremento del trabajo informal en perjuicio de su derecho a la educación y desarrollo.

Vía comunicado de prensa, la asociación que agrupa a 33 Organismos Públicos de Derechos Humanos en México, manifestó que la eliminación de dos de los tres componentes de ampliación de jornada escolar y de servicio de alimentación implica “un impacto negativo en la nutrición, equilibrio emocional, desarrollo de habilidades de sociabilidad y convivencia necesarias para el aprendizaje, de 1.6 millones de niñas, niños y adolescentes en todas las entidades federativas del país”.

#FMOPDH hace un llamado al Estado Mexicano para plantear alternativas ante la eliminación de la jornada escolar ampliada y de los servicios de alimentación en el Programa Nacional La Escuela es Nuestra pic.twitter.com/g8LAOClTEX

— Ombudsperson México (@FOPDHMX) March 6, 2022

Las y los ombudsman mostraron su preocupación ante dichas extinciones, pues las consideran opuestas al principio del Interés Superior de la Niñez, por lo que hicieron un llamado urgente a implementar medidas para evitar los impacto sociales que devengan, así como continuar con la cobertura nacional de la jornada escolar y los servicios de alimentación para población vulnerable.

De igual forma, la FMOPDH exige al Estado cumplir con su obligación constitucional de disponer de los recursos necesarios para la protección de niñas, niños y adolescentes.

En el mismo tenor, pide a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a sus homólogas estatales de educación y a la Comisión Intersectorial para el regreso a clases presenciales a plantear y llevar a cabo alternativas que impidan perder la posibilidad de fortalecer la alimentación, educación e inclusión social de todos los menores de edad.

También las organizaciones se dijeron dispuestas a involucrarse en este proceso con colaboración técnica y comunicación efectiva con comunidades y aliados para la construcción de alternativas eficaces desde un enfoque diferencial e interseccional de los Derechos Humanos.

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