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Las comparecencias citadas ayer en el caso de los 31 científicos acusado de crimen organizado se suspendieron por un supuesto brote de COVID en la FGR.
Twitter: @FGRMexico
Los escándalos en el tema de los 31 científicos acusados de crimen organizada no cesan. Ayer un supuesto brote de COVID-19 al interior de la Fiscalía General de la República (FGR), bajo el comando de un asediado Gertz Manero, suspendió la comparecencia programada de los acusados y se reagendó par posterior fecha.
La comparecencia programada ayer para científicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ante la FGR se reagendó y el calvario continúa.
¿La causa? Un supuesto brote de COVID-19 en las instalaciones de la FGR.
Mónica Ramírez llegó puntual a su citatorio. La exfuncionaria de Conacyt presentó su identificación ante los mostradores de acceso a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para enterarse que su comparecencia “no tendría verificativo”.
Tras ella el que fuera director de Planeación Tecnológica del organismo, Rafael Pando Cerón, era notificado de lo mismo, la comparecencia se reagendaría para otro día.
A ciencia cierta nadie sabe para cuándo, se especula que podría ser para hoy o mañana.
Hará quince días, el 21 de septiembre un juez negó las órdenes de aprehensión en contra de 31 científicos y exfuncionarios de Conacyt solicitadas por la FGR, al encontrar que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico operó dentro del marco de la ley, por lo que los 244 millones de pesos que utilizó de 2013 a 2019 fueron legalmente ejercidos.
Ante ello, Alfredo Higuera Bernal, titular de la FEMDO, dijo que buscará reformular su solicitud y que no se buscaba “satanizar” a los científicos, pero, como el exterminador, “I’ll be back”.
El caso dio inicio en el 2019, cuando la nueva administración del Conacyt decidió cancelar el financiamiento al Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. Se argumentó entonces que el Foro duplicaba funciones que ya estaban a cargo del Consejo y lo hacía con irregularidades en el uso de los recursos.
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico promovió un amparo que fue desechado, pero al hacerlo, la propia Corte encontró que el financiamiento al Foro se realizó bajo el marco legal vigente.
Fue entonces que el Conacyt adujó que entre 2013 y 2018 dentro del Foro se implementó un esquema para recibir alrededor de 200 millones de pesos “para el sostenimiento de una amplia plantilla de personal administrativo y de investigadores”, pero también “para sufragar gastos relativos a telefonía celular, viáticos, seguridad privada, gestión de redes sociales, seguimiento legislativo, servicio de bocadillos y otros”.
Para el CONACyT el presupuesto excedió lo necesario para cumplir las funciones del Foro.
Los números del Foro muestran que “en el último año y medio se invirtió 0.36% o en telefonía celular; 0.67% o en bocadillos; 7% en servicios generales; 18.92% en servicios personales para la administración y operación, y 70.7% en el desarrollo de proyectos”.
Aún con ello, Conacyt denunció penalmente a 31 científicos e investigadores, que encabezaban los Comités Técnicos de Administración (CTA), a través de los cuales se aprobaban los proyectos que, a su vez, se asignaban al Foro.
A Animal Político, un científico declaro: “Esas autorizaciones existieron, pero se realizaron al amparo de la ley. No hay ningún origen ilícito de los recursos. El dinero se aprobó siguiendo los procedimientos adecuados. No es dinero que pasó por nuestras manos ni hay recursos escondidos en cuentas secretas personales o propiedades, ni riquezas inexplicables. Eso se puede verificar si lo indagan”.
La Fiscalía General de la República atrajo el caso y el pasado agosto notificó a los presuntamente implicados de la existencia de una investigación penal en su contra.
Con Información de López Dóriga Digital, Milenio y Animal Político.
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