Mujeres líderes, expertas y activistas se reúnen para construir la agenda de género de la CDMX
De no alcanzar acuerdos, la empresa vislumbra afectaciones y analiza acciones por incumplimiento del gobierno.
Ferrosur, CC BY 3.0
El conflicto entre el conglomerado minero y ferroviario de Germán Larrea y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha agudizado en los últimos días, luego de que la Secretaría de Marina tomara por sorpresa las instalaciones de Ferrosur, una empresa de transporte de Grupo México, en el tramo que va de Coatzacoalcos a Medias Aguas, en Veracruz.
La medida fue anunciada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se emitió un decreto por el que se ordenó la toma de las instalaciones, las cuales pasaron a la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. El gobierno argumentó que se trata de una acción estratégica para impulsar el desarrollo del Corredor Interoceánico, un proyecto que busca ser un rival para el Canal de Panamá y competir por el traslado de mercancías del Océano Atlántico al Pacífico.
Sin embargo, Grupo México denunció que se trata de una violación a sus derechos de concesión y que la toma fue "inusitada" y sin previo aviso. La empresa indicó que está analizando las acciones legales a seguir y que sus inversionistas alistan una respuesta ante la situación³. Asimismo, aseguró que continuará dando servicio a sus clientes en el tramo tomado por la Marina, bajo la supervisión de elementos castrenses.
Este episodio es el más reciente de una larga historia de encontronazos entre Larrea y López Obrador, que se remonta a la campaña presidencial de 2018, cuando el empresario envió una carta a sus trabajadores advirtiendo sobre los riesgos de votar por el candidato de Morena. Desde entonces, el mandatario ha confrontado a Larrea por sus negocios mineros, especialmente por el caso de la mina Pasta de Conchos, donde murieron 65 trabajadores en 2006 y cuyos cuerpos no han sido rescatados.
También ha habido roces por el proyecto del Tren Maya, donde Grupo México participaba en la construcción del tramo 5 que va de Tulum a Ciudad del Carmen, en Quintana Roo. Sin embargo, el presidente acusó que la empresa incumplió con su contrato y que hubo irregularidades en la licitación. El conflicto se resolvió parcialmente cuando la empresa aceptó que ingenieros militares decidieran el monto de la indemnización que debería pagar el gobierno por rescindir el contrato.
A pesar de estas diferencias, López Obrador ha dado el "visto bueno" a Larrea para adquirir Banamex, una operación que está en proceso de negociación con Citigroup y que podría concretarse este año. El presidente ha dicho que respeta la decisión del empresario y que no se opondrá a la compra del banco, siempre y cuando se cumplan con las leyes y los requisitos regulatorios.
No obstante, la toma de las instalaciones de Ferrosur podría complicar las relaciones entre ambos actores y generar un clima de incertidumbre e inestabilidad para los inversionistas. Además, podría afectar el desarrollo del Corredor Interoceánico, un proyecto prioritario para el gobierno federal que busca detonar el crecimiento económico y social del sureste del país.
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