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La ciencia y la academia bajo un Consejo de Estado: Merino

Ayer en el Senado Cursio y Merino advirtieron de los riesgos que enfrentan ciencia, investigación, saber y universidades públicas en México.

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Por: Redacción
  • 29/03/2022

El prejuicio de López Obrador contra las universidades públicas es porque, según él, callaron durante el periodo neoliberal: "Guardaron silencio ante la corrupción y abuso del poder en el periodo neoliberal".

El gobierno del presidente López Obrador ha estigmatizado ideológicamente a universidades como la UNAM, además de que insiste en la existencia de una ciencia neoliberal y con ello demuestra su talante y su animadversión hacia ciertas casas y centros de estudio, señaló el analista político y articulista Leonardo Cursio.

Fue al moderar una de las mesas del foro “Ciencia y Educación Superior en México: momento crítico”, en el Senado de la República, que afirmó que hay muchas “supersticiones” sobre qué es lo que deben ser las universidades en la concepción presidencial, si como espacios abiertos para que entre el que quiera o no.

"Es el debate que él mismo ha tenido con las universidades públicas, si ahí debe entrar todo mundo sin ningún tipo de control", además de la utilidad del conocimiento público que las universidades o los centros de investigación aportan y en qué ayuda a eso al desarrollo nacional.

"El tercer elemento es esta idea casi excluyente de una Universidad o una actividad de investigación elitista que encaja en este movimiento populista anti-establishment, de la cual se ubica la actividad académica, casi como si fueran banqueros o empresas transnacionales.

"Decir: ‘hay que acabar con todo un sistema de privilegios’, que honradamente quienes trabajan en universidades saben que está muy lejos de ser una realidad, esta idea de grandes salarios y una vida regalada es prácticamente una superstición, o sea, no tiene ningún elemento aferrado en la realidad", expresó Cursio.

De igual forma insistió en que el actual grupo en el poder no lee ni debate:

“El partido gobernante no tiene una revista de debate público, contrariamente a la tradición de la izquierda, que le gusta mucho debatir”.

Para Cursio, "este grupo en el poder, parte de su superstición, es no leer; lee los textos del presidente, y el presidente, como es natural, se repite muchísimo. Sus libros son páginas completas del Plan Nacional de Desarrollo, de la Cartilla Moral, y los reedita, simplemente actualiza en algunos casos algunos de los temas, pero es un grupo que no lee.

"Y eso hay que constatarlo, no debate, no escucha, no tiene foros y simple y llanamente aquello que se diga o en los textos presidenciales o en la conferencia matutina, es lo que va a misa", puntualizó.

En este sentido, indicó, por un lado, hay la construcción de un discurso racional, con un lenguaje controlado, por otro un conjunto de "supersticiones, conste que todavía no ha sido elevado a rango de religión. Son supersticiones del grupo en el poder, que se expresan también en esta idea de una ciencia neoliberal frente a una ciencia pura que nos daría en algún momento la vacuna Patria, o algunas otras expresiones prácticas que nos permitirían cambiar la vida de la gente", finalizó Leonardo Curzio.

Por su parte, Mauricio Merino, investigador y académico, dijo que desde que llegó al poder, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha menospreciado y estigmatizado el trabajo de la comunidad académica, porque en su opinión respaldó el neoliberalismo y guardó silencio ante la corrupción y el abuso del poder.

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Al participar en el foro ayer en el Senado, afirmó que esas aseveraciones son injustas e inexactas, pero el actual gobierno ha optado por castigar o premiar el trabajo intelectual por su filiación política.

Se ha juzgado con dureza a instituciones científicas y a universidades públicas “por la antipatía que despiertan al señor presidente” algunas de las personas con las que él identifica a esas instituciones. “Las dos principales universidades públicas, por ejemplo, la UNAM y la Universidad de Guadalajara”, citó.

“Se han castigado por la opinión y la posición de dos de las personas que las encabezaron: José Narro y Raúl Padilla, respectivamente. Dos nombres repetidos una y otra vez en las conferencias mañaneras y se han usado para descalificar a una comunidad de estudiantes, trabajadores, profesores e investigadores que suma más de 700 mil individuos”, reprochó.

Para nadie es un secreto, sostuvo Merino, que ambos personajes militaron en contra de las aspiraciones presidenciales de López Obrador, “pero esa antipatía política, justificada o no, plausible o no, ha sido usada una y otra vez para arrastrar a las dos universidades públicas más importantes del país en su conjunto”.

El investigador denunció que en este contexto, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) presentará en breve una iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, con la que se pretende establecer una agenda de Estado para toda la investigación científica en México, solicitando apoyo a las cámaras de Diputados y Senadores para rechazar ese proyecto “y detener este despropósito”.

El académico del Colegio de México señaló que el gobierno busca crear un Consejo de Estado, vertical y rígido, “que nos obligaría a todos” los investigadores a seguir una misma pauta.

“Sepan ustedes que desde la nueva Dirección General de Conacyt se ha insistido una y otra vez en confundir lo público con lo gubernamental. Porque son públicas, quien dirige esa institución cree que las y los investigadores deben obedecer la agenda que les dicta al Gobierno, no colaborar con ella, sino obedecerla”, subrayó.

Adelantó que el Conacyt impulsa la creación del Consejo de Estado, presidido por el titular del Ejecutivo e integrado sólo por funcionarios públicos del gabinete que, de aprobarse fijaría la agenda de Estado para toda la investigación científica de México.

“Según ese proyecto, a la comunidad académica se le otorgaría acaso la oportunidad de participar en un Consejo Consultivo con voz, pero sin voto y sin posibilidad alguna de escuchar sus opiniones. Estamos hablando de que las opiniones de la comunidad científica sean nada más que eso, opiniones no vinculantes para la agenda de Estado”, sostuvo.

Merino agregó que el proyecto propone que los centros públicos de investigación se integren en un Sistema Nacional dirigido desde la cabeza del Conacyt, que fijaría todas las normas y todos los criterios de investigación, docencia y evaluación en cada uno de los centros públicos, a través de las decisiones tomadas solamente por funcionarios públicos. “Y dice también que en cualquier momento esos centros públicos de investigación, como el CIDE, podrían extinguirse, si a juicio de Conacyt no merecen seguir con vida”.

Aún antes de que se presente esa iniciativa, denunció Merino, el Conacyt ya ha vulnerado estatutos orgánicos y contratos colectivos de trabajo, como en el caso del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Por igual, sostuvo, se han equiparado a las y los investigadores de los centros públicos de investigación con los y las trabajadoras de la administración pública federal centralizada y, ya convertidos en servidores públicos, se ha insistido en que las y los académicos deben acatar las órdenes de trabajo y la evaluación de sus superiores, al juzgar sus tareas de investigación.

Señaló que esos superiores son directivos recién nombrados, fieles a la ideología del régimen, con más o menos trayectoria propia, pero obedientes siempre. “Quienes disintieron en su momento, como se sabe, fueron marginados, despedidos y estigmatizados”.

Detalló que pasando por encima de la ley, se ha venido modificando los estatutos para afirmar el control centralizado de la orientación académica de las agendas de investigación, y en nombre de la austeridad eliminaron lo que consideraban privilegios: seguros, estímulos por calidad docente, premios a la investigación, bonos de antigüedad y solo se salvaron las becas para estudiantes.

“Pero ese muro de roca se vuelve de agua al evaluar a los leales y a los cercanos. Revisen ustedes por favor el caso del nombramiento de investigador nacional nivel 3, que le fue otorgado al Fiscal General de la República mediante una Comisión Especial integrada sólo para evaluar su caso. Y vean la resolución de Conacyt sobre el plagio cometido en la obra presentada por el doctor Gertz. Dijeron que era válido porque los plagiados por ese autor ya habían muerto. Parece increíble, pero así ha sido”, remarcó.

Con información de El Universal.

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