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Albazo legislativo: funcionarios podrían promover la revocación de mandato

El grupo parlamentario de Morena y afines aprueban vía fast track un decreto que redefine el concepto de propaganda gubernamental en plena veda electoral.

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Por: Redacción
  • 11/03/2022

Morena y partidos afines en la Cámara de Diputados aprobaron este jueves vía fast track un decreto para redefinir el concepto de propaganda gubernamental, ello en medio de la veda electoral por la consulta de revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador.

En medio de reclamos de la oposición, la 4T legislativa avaló con 268 votos a favor y 213 en contra la iniciativa que permitiría a funcionarios públicos, incluido el propio presidente de la República (sujeto de la revocación), promover el ejercicio ciudadano.

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El decreto da un giro el concepto de "Propaganda Gubernamental", pues lo consideraría información de interés público, por lo cual no constituiría o caería en actos propagandísticos.

En ese tenor, establece que se entenderá como propaganda gubernamental “el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas, bajo cualquier modalidad de comunicación social, con cargo al presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese fin, por un ente público (...) no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables. Tampoco constituye propaganda gubernamental la información de interés público”.

La iniciativa fue suscrita por el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, el coordinador parlamentario, Ignacio Mier, y el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Mario Rafael Llergo, busca que no haya lugar a interpretaciones por parte del INE.

Cabe recordar que en fechas recientes el INE fue determinante al prohibir difundir el tema en redes sociales.

Gutiérrez Luna aseguró que la iniciativa indica que la "propaganda gubernamental" está relacionada con el uso de recursos públicos. En contraparte, la emecista Ivonne Ortega recordó que la prohibición de cambiar la ley electoral 90 días antes de un proceso no es legal.

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