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Crecen 500 por ciento intervenciones telefónicas con la 4T

No sólo han crecido en 500% las intervenciones de comunicaciones privadas en este sexenio, sino que se mantiene en la opacidad la causa legal de su proceder, en contra de la determinación expresa del INAI.

#TheBunkerNoticias | Crecen 500 por ciento intervenciones telefónicas con la 4T
Por: Redacción
  • 07/12/2021

Un mundo nos vigila. Entre 2019 y 2021 aumentó en casi 500% las solicitudes de intervenciones telefónicas privadas tramitadas por la Fiscalía General de la República (FGR) con autorización de juez.

En una revisión de El Sol de México en la Plataforma Nacional de Transparencia, durante los primeros tres trimestres de 2019, la FGR tramitó 107 solicitudes de intervención de comunicaciones privadas, en el mismo periodo del 2020 fueron 301.

Y entre enero y septiembre de este año, la FGR ha tramitado 609 solicitudes; un incremento de 181% respecto a 2019 y de 469% con relación a 2020.

Sin importar el incremento de comunicaciones de particulares intervenidas, la FGR mantiene en opacidad el motivo para llevar a cabo este tipo de espionaje legal.

Fue el pasado 8 de agosto que los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinaron que la FGR tiene la obligación de transparentar en la Plataforma Nacional de Transparencia el “objeto de la intervención” de comunicaciones privadas en la investigación de delitos.

No obstante, a la fecha, la mayoría de las mil 107 solicitudes de intervención de comunicaciones privadas que publica en su plataforma digital la institución a cargo de Gertz Manero —en lo que corresponde de 2019 a 2021—, se mantiene bajo la ambigua leyenda: “Obtención de datos necesarios para agotar las líneas de investigación”.

Para Adrián Alcalá Méndez, comisionado del INAI, las solicitudes de intervención a comunicaciones privadas son un tema relevante por la invasión y el control que se podría tener sobre una persona, por lo que el actuar de las autoridades “debe encontrarse apegado al marco legal correspondiente”.

“Resulta indispensable que las facultades de vigilancia e intervención de comunicaciones se encuentren estrictamente reguladas por estándares internacionales de Derechos Humanos”, anotó.

En ese sentido, el comisionado recalcó que, por ello, estas intervenciones tienen que ser llevadas a cabo “con respeto verificable a la ley, a los principios de necesidad y de proporcionalidad, de manera focalizada, no masiva, con mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas”.

La intervención de comunicaciones privadas está regulada por la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La legislación de la materia establece que: “Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.

“Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración”.

Se sabe que de las 609 solicitudes de intervención de comunicaciones privadas realizadas de enero a septiembre del 2021, poco más de la mitad (364) fueron formuladas por la Dirección General del Cuerpo Técnico de Control, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Seguidas de 192 solicitudes de la Delegación de la FGR en Zacatecas, donde en las últimas semanas se observa una escalada de violencia. Tanto que orilló al presidente Andrés Manuel López Obrador a presentar, el pasado 24 de noviembre, el Plan de Seguridad y Apoyo para Zacatecas, que incluye el despliegue en el estado de mil 954 elementos del Ejército y mil 644 de la Guardia Nacional, así como tres helicópteros artillados.

El siguiente número de solicitudes proviene de la Delegación de la FGR en Oaxaca, con 29; después, la Delegación de la Fiscalía en el Estado de México, con seis; la de la Colima, con cinco, y la de San Luis Potosí, con tres.

Dos son las solicitudes de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Especializada de Control Regional; y una de la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la FGR y la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en la FGR.

También con una solicitud de intervención de comunicaciones privadas están las delegaciones de la Fiscalía en Chihuahua, Sinaloa y Quintana Roo.

Con información de El Sol de México.

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