flickr.com / Comisión Interamericana de Derechos Humanos
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que su gobierno recibió por parte de Estados Unidos un expediente relacionado con el caso Iguala, el cual había sido solicitado desde el 7 de mayo a la vicepresidenta Kamala Harris.
El mandatario no dio mayores señas sobre la información de dicho expediente; no obstante, aprovechó para decir que existe voluntad de cooperación binacional en materia de seguridad.
Sin definir un día concreto, informó que esta semana recibirá una segunda parte del oficio y que esta solicitud surgió después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le pidiese gestionar con Washington la obtención de estos datos.
"La Comisión de Derechos Humanos me solicitó que gestionara con el gobierno de Estados Unidos para conseguir un expediente que tienen esas autoridades y le pedí a la vicepresidenta que nos ayudara", manifestó el presidente y agradeció a la vicepresidenta por el envío.
El también llamado "Caso Ayotzinapa", en el cual fueron víctimas de desaparición forzada 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Iguala, Guerrero, ocurrió en la noche y madrugada de los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
A la fecha sólo se han hallado restos de dos de los 43 desaparecidos y continúan las indagatorias en uno de los eventos más relevantes del sexenio de Enrique Peña Nieto y de la historia moderna de México.
Entre las personas y funcionarios bajo investigación destaca el exdirector en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien actualmente cuenta con dos órdenes de aprehensión en su contra y acusaciones por los delitos de desaparición forzada, ir en contra de la administración de justicia y tortura. De esta última, la supuesta víctima es Felipe Rodríguez Salgado, alias ‘El Cepillo’, presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos.
A la fecha, Tomás Zerón se halla en Israel, pero debido a que este país y México no cuentan con un tratado de extradición no se ha logrado su captura, pese a las negociaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
En su defensa, el exfuncionario de seguridad asegura que es objeto de persecución política por parte del gobierno mexicano.
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