Consulta, teatro de lo absurdo

Dankluxuries

Por: Redacción

• 18/07/2021

Dicen que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno.

Aún así, la tarea de legislar no puede más que regirse por las buenas intenciones y esperar que no lleven al averno.

Hoy hace nueve años en México festejábamos la aprobación de una de tantas reformas políticas en la que se incluía la Consulta Popular.

Nadie podía saber en ese entonces que años después, con un simulacro de Consulta Popular, se cancelaría una de las inversiones más importantes de la historia nacional y nos endeudaríamos para pagar algo que jamás será: el NAIM.

Menos aún, que hoy fuésemos el hazmerreír global por una consulta que consulta si se aplica la norma que se protestó cumplir y hacer cumplir al tomar posesión del cargo ante la Nación.

El editorial de The Economist no pudo ser más sarcástico: “Esta es una pregunta que pudo haber sido ideada por Cantinflas, un actor cómico que convirtió el gusto mexicano por el circunloquio en una forma de arte absurda. ‘¿Está de acuerdo o no en que se realicen las acciones adecuadas de acuerdo con el marco constitucional y legal para emprender acciones de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos, encaminadas a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?’ Esto es lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere que los mexicanos decidan en un referéndum nacional el 1º de agosto. Descodificado, lo que significa es, ¿debería estar autorizado para orquestar una especie de juicio espectáculo no oficial de sus cinco predecesores más recientes y sus subordinados?”

El arte del absurdo y juicio espectáculo al margen del orden constitucional, a eso han quedado reducidas aquellas esperanzas democráticas hechas ley hace, hoy, nueve años.

Pero algo más, al parecer de The Economist, y que muchos comparten, parodia del estado de derecho. “Recurrir al voto popular para decidir si se procesa o no a alguien es una parodia del Estado de Derecho”.

Y ya encarrerados en lo paródico y “parajódico”, The Economist desnuda el surrealismo mexicano: “Lo que hace que el ejercicio sea aún más surrealista es que el presidente dice que no votará, porque no es ‘vengativo’ y no quiere detenerse en el pasado. Sin embargo, si `la gente’ decide lo contrario, actuará según sus deseos”.

Y a todo esto, ¿y la corrupción? “En la lucha contra la corrupción —acota la revista británica—, AMLO prefiere el teatro, que él puede dirigir, a la sustancia. Los mexicanos están hartos de la corrupción; el gobierno de Enrique Peña Nieto de 2012-18 fue notoriamente corrupto. AMLO hizo de poner fin a la corrupción un punto central de su campaña. Sin embargo, ‘la corrupción en México goza de buena salud’, dice María Amparo Casar de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), un organismo de control”

Se habla contra la corrupción —dice Casar— pero no hay una política anticorrupción. Antes bien, se aprecia una profunda regresión: “Aunque se supone que los contratos públicos deben licitarse, como prometió López Obrador, su gobierno los ha adjudicado por fíat en el 81% de los casos, más del 79% con Peña Nieto, según la Sra. Casar. La oficina del fiscal especial para casos de corrupción ha sufrido un recorte de fondos y personal. La lucha contra la corrupción se ha convertido en una herramienta política. El año pasado, España extraditó a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, la petrolera estatal, a quien se busca por aceptar sobornos de Odebrecht, una constructora brasileña. No ha sido encarcelado y se ha convertido en testigo protegido, incriminando a los enemigos del gobierno. AMLO acosa a activistas anticorrupción: ha criticado al MCCI decenas de veces en sus ruedas de prensa matutinas, y las autoridades fiscales lo han sometido a auditorías punitivas”.

Hoy, a más de un año de la extradición de Lozoya, el diario 24 Horas informa que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acaba de presentar ¡otra! denuncia contra él por desvíos en PEMEX: “La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que presentó ante la Fiscalías Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General de la República(FGR) una sexta denuncia en contra de Emilio “N” y 11 personas físicas más así como 33 personas morales por los probables delitos de corrupción política y desvío de recursos públicos mientras fue director de Pemex. En el análisis realizado la UIF identificó un esquema de lavado de dinero en Pemex durante los años de 2012 a 2016 por medio de contratos otorgados a 34 empresas relacionadas con Odebrecht, por millonarias cantidades de dinero, que se integraron en 3 niveles de operación para favorecer a servidores públicos mexicanos y posiblemente financiar campañas políticas”.

O sea, no tienen nada y el caso se cae por sí solo.

Si hubiese voluntad política y compromiso con el Estado de Derecho no andaría libre y a sus anchas un extraditado y sujeto a juicios y, tampoco, habría necesidad de consultar nada.

A nueve años de la reforma política que dio pie a la figura de Consulta Popular, la vemos convertida en un vil distractor para paliar la atención de las fallas políticas en gobernanza, economía, salud y verdad, de un presidente que necesita todos los espectáculos de teatro político de Cantinflas que pueda reunir.
Que las buenas intenciones no nos lleven al infierno.


Con información de The Economist y 24 Horas.

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