Las celebraciones por el Mundial 2026 en México reavivaron el reclamo de diversas organizaciones civiles para que el Estado implemente una Política Nacional y Fiscal contra el Alcohol. Los colectivos señalan que, según información oficial citada por ellos, se registraron al menos cinco muertes vinculadas al consumo de alcohol, además de incidentes viales y casos de violencia de género ocurridos durante los festejos.
Demandas y responsables señalados
Representantes de agrupaciones como Salud Justa, la Red de Acción Sobre Alcohol (RASA) y Voces Jóvenes por el Derecho a la Salud reclamaron a las autoridades federales una estrategia integral que supere medidas aisladas. En particular subrayaron que la aplicación puntual de una ley seca en una alcaldía no alcanzó para prevenir los hechos reportados, por lo que consideran insuficiente apelar únicamente a la responsabilidad ciudadana.
“Las muertes ocurridas durante los festejos del Mundial 2026, así como los siniestros viales y la violencia de género, evidencian la necesidad urgente de contar con una Política Nacional contra el Alcohol.” — Yahaira Ochoa, Salud Justa
Luis Alonso Robledo, de RASA, calificó la medida de ley seca aplicada de forma aislada y exprés como ineficaz, al tiempo que las organizaciones pidieron restricciones a la publicidad de bebidas alcohólicas y una regulación más estricta de su disponibilidad para disminuir el consumo nocivo.
Preocupación por el consumo en menores
En su pronunciamiento, Voces Jóvenes destacó el riesgo que supone normalizar el consumo excesivo en eventos masivos, pues expone a niñas, niños, adolescentes y jóvenes a dinámicas de violencia e inestabilidad. Las organizaciones citaron datos de la ENCODAT que muestran una disminución en la edad de inicio del consumo de alcohol, de 13.8 a 13.2 años, lo que, dijeron, implica una mayor vulnerabilidad de la población menor de edad.
| Concepto | Dato citado por organizaciones |
|---|---|
| Muertes asociadas a festejos | 5 |
| Edad media de inicio del consumo (ENCODAT) | 13.8 → 13.2 años |
Las organizaciones insistieron en que una política de alcance nacional debería contemplar, al menos:
- Regulación de la disponibilidad de bebidas alcohólicas en eventos masivos.
- Restricciones a la publicidad y promoción de alcohol, especialmente en espacios y medios con alcance juvenil.
- Medidas fiscales que reduzcan la accesibilidad y el consumo nocivo.
El llamado plantea un debate sobre la atribución de responsabilidades entre autoridades locales y federales: mientras las alcaldías y los municipios pueden aplicar medidas temporales, las organizaciones sostienen que solo una política federal coordinada permitirá establecer normas uniformes, controles efectivos y recursos para prevención y atención.
Entre las implicaciones que señalan los colectivos están la necesidad de:
- Mejorar la vigilancia en puntos de venta y entornos de consumo.
- Fortalecer programas de educación y prevención dirigidos a familias y escuelas.
- Generar evidencia y monitoreo continuo para evaluar el impacto de medidas regulatorias y fiscales.
Si bien la exigencia de una estrategia nacional parte de episodios recientes, sus promotores reclaman que la respuesta sea estructural y sostenida en el tiempo para reducir riesgos, sobre todo entre población menor de edad y en el contexto de eventos masivos, cuando las dinámicas sociales aumentan la exposición al consumo excesivo.
