En una colonia de Ecatepec la vida cotidiana de varias familias volvió a aterrizar en lo urgente: la disponibilidad de agua por las noches y la certeza jurídica para exigirla. Cinco residentes presentaron una denuncia por presunto abuso de autoridad contra la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, tras afirmar que fueron persuadidos para firmar documentos con los que habrían renunciado a dos amparos que obligan al Ayuntamiento a asegurar el suministro permanente de agua potable.
Los quejosos sostienen que la firma de esos documentos fue obtenida bajo engaño y que, de confirmarse, ello podría dejar sin protección judicial los acuerdos que les permiten acceder a agua limpia a través de la red hidráulica municipal. Ante la sospecha de irregularidades, el caso escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que recibió las solicitudes para revisar los expedientes relacionados.
Qué pidieron los vecinos y qué implicaciones tiene
La diputada local Miriam Silva informó que los promoventes solicitaron la intervención del máximo tribunal para que revise los juicios de amparo —y, en consecuencia, el cumplimiento de las sentencias que ordenan al Ayuntamiento proporcionar agua de manera permanente. Según lo señalado, la petición de revisión corresponde a los amparos 13/2026 y 14/2026.
- Cinco habitantes presentaron la denuncia por presunto abuso de autoridad.
- Se alegó que fueron inducidos a firmar desistimientos que pondrían en riesgo sus amparos.
- Las solicitudes para revisión llegaron a la SCJN: los amparos son el 13/2026 y el 14/2026.
| Amparo | Ministro(a) que atrajo |
|---|---|
| 13/2026 | Hugo Aguilar Ortiz |
| 14/2026 | Lenia Batres Guadarrama |
Además del recurso constitucional, los vecinos presentaron la denuncia penal por presunto abuso de autoridad contra la alcaldesa, al considerar que existieron irregularidades en la obtención de las firmas que constan como desistimientos. Los promoventes buscan mantener la protección judicial vigente y que el Ayuntamiento cumpla con lo ordenado por los tribunales.
Por ahora, el Ayuntamiento de Ecatepec no ha fijado una postura pública sobre las acusaciones. La controversia pone de relieve dos tensiones: por un lado, la fragilidad del acceso al agua potable en zonas urbanas y, por otro, la eficacia de los mecanismos legales cuando señalamientos sobre la forma de conseguir renuncias ponen en duda la validez de resoluciones favorables a la población.
En términos prácticos, de prosperar la revisión de la SCJN y mantenerse los amparos, el municipio tendría la obligación de garantizar el servicio; si se determina que hubo irregularidades en la obtención de documentos que implicaron desistimientos, podrían abrirse responsabilidades administrativas o penales a cargo de quienes intervinieron en esos actos. Mientras tanto, los vecinos afectados reclaman la continuidad del suministro y la protección judicial que, dicen, ha sido su recurso frente a la falta de agua por la red.
