Entre el 11 de marzo y el 30 de junio de 2026, el organismo encargado de las autorizaciones ambientales del país finalizó el trámite de 97 proyectos —ingresados mediante Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y Estudio de Impacto Ambiental (EIA)— que suman una inversión conjunta de US$16,984 millones y declaran una demanda total de 30,353 empleos en sus etapas de construcción y operación.
Balance cuantitativo y estructura de las autorizaciones
Del paquete aprobado, 86 iniciativas ingresaron por DIA y 11 por EIA. Según el desglose provisto por la cartera, la fase de construcción concentra 16,467 empleos declarados, mientras que la etapa de operación alcanza 13,886. El Ejecutivo ha señalado que estos resultados son consecuencia de medidas para acelerar los procesos administrativos sin relajar los requisitos técnicos y legales.
Sectores que concentran mano de obra
El sector inmobiliario lidera la demanda de personal entre los proyectos aprobados, seguido por obras hidráulicas y una categoría agrupada como "Otros". Los principales valores declarados por sector son:
- Inmobiliario: 7,507 empleos (incluye proyectos como la ampliación de un centro comercial en el Biobío).
- Infraestructura hidráulica: 5,035 empleos (con iniciativas destacadas en la zona de Antofagasta).
- Otros: 3,743 empleos (abarca proyectos diversos, entre ellos instituciones públicas).
| Concepto | Empleos declarados |
|---|---|
| Construcción | 16,467 |
| Operación | 13,886 |
| Total | 30,353 |
Respuesta oficial y controversias potenciales
La ministra del ramo defendió la estrategia de agilización como un pilar de gestión y subrayó que acelerar resoluciones no equivale a disminuir controles. En sus palabras:
“Rigurosidad y rapidez no son objetivos contrapuestos. Los proyectos aprobados en estos cuatro meses de gobierno pasaron por el proceso de evaluación ambiental que exige la ley.”
Las cifras presentadas por la secretaría de Estado apuntan a una lógica de impulsar empleo y atraer inversión mediante la reducción de tiempos administrativos, pero el anuncio también plantea preguntas habituales en la intersección entre desarrollo y medio ambiente: cómo se evalúan y mitigan impactos acumulativos, qué mecanismos de participación ciudadana se activaron en cada expediente y si la aceleración afecta la calidad técnica de las resoluciones.
Implicaciones y puntos a seguir
El paquete aprobado concentra recursos y mano de obra en sectores claves de la economía, lo que puede traducirse en dinamismo económico regional. Sin embargo, expertos y organizaciones ambientales suelen advertir que la velocidad administrativa no debe desplazar la evaluación robusta de efectos ambientales ni la fiscalización en operación. Entre los aspectos que conviene vigilar en los próximos meses están:
- El cumplimiento efectivo de las medidas de mitigación y compensación incorporadas a las resoluciones.
- La transparencia en los expedientes y la participación de comunidades afectadas.
- El seguimiento de impactos acumulativos especialmente en zonas con múltiples proyectos.
Los números oficiales ofrecen una primera lectura sobre el volumen de obras y la demanda laboral generada, pero la gestión ambiental requerirá ahora consolidar garantías técnicas y de fiscalización para que los proyectos aprobados, de distinto carácter y escala, cumplan con los estándares legales y las expectativas sociales vinculadas al uso del territorio y la protección de ecosistemas.
