La diputación federal del Partido del Trabajo (PT) turnó a la esfera pública una solicitud formal de juicio político en contra de integrantes del Congreso de Coahuila. El recurso fue dado a conocer el 10 de julio de 2026 por el diputado Ricardo Mejía, quien atribuye a los legisladores locales del PRI varias conductas que, a su juicio, vulneran la Constitución y el debido ejercicio parlamentario.
Motivos de la controversia
El escrito presentado en la Cámara de Diputados acusa, de manera central, tres hechos: el supuesto incumplimiento de resoluciones judiciales, la negativa del Congreso local a legislar sobre la figura de la revocación de mandato y la acción de los integrantes de la Junta de Gobierno y Mesa Directiva por “promover la criminalización de la protesta social”.
La petición se vincula con la situación del diputado local Antonio Flores Guerra, apodado públicamente “Lord Lamborghini”. Según el denunciante, Flores Guerra fue suspendido por tres meses por el Congreso estatal a inicios de junio por acumular faltas injustificadas, medida que, según la argumentación federal, contraviene una orden judicial que habría dispuesto su restitución.
“Se denuncia un estado fascista, criminal y policial de represión bajo el actual gobierno de Manolo Jiménez. Se exige libertad para los presos políticos mencionando específicamente el caso de Tania Flores”
En su exposición de motivos, el diputado Mejía adelantó además que su partido impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la resolución del tribunal local que no anuló la más reciente elección municipal. La defensa es, según él, parte de una estrategia para revertir lo que califica como privación arbitraria de la función parlamentaria de Flores Guerra.
Contexto y elementos procesales
La denuncia combina acciones de naturaleza jurisdiccional y política: por un lado, la alegación de que el Congreso estatal no acató una orden judicial; por otro, la solicitud de procedimiento político-disciplinario contra los servidores públicos que integran la Mesa Directiva y la Junta de Gobierno del órgano legislativo local.
La queja pública también incluye referencias a la actuación de las autoridades locales frente a manifestantes. En concreto, se apunta que tras una protesta el 30 de junio ante el recinto legislativo se intentó abrir procesos penales contra manifestantes y se habló de encarcelamientos por ejercer el derecho a la libertad de expresión y de reunión. Entre las personas mencionadas con presuntos efectos represivos figuró el nombre de Tania Flores, citada en la denuncia.
- Promovente: Ricardo Mejía, diputado federal del PT.
- Acusados: diputados del PRI en el Congreso de Coahuila (Junta de Gobierno y Mesa Directiva).
- Hechos señalados: incumplimiento de sentencias, negativa a legislar revocación de mandato y supuesta criminalización de protestas.
Los próximos pasos jurídicos y parlamentarios involucran la evaluación de la Cámara de Diputados para determinar si existen bases formales para iniciar el proceso de juicio político. Paralelamente, la impugnación anunciada ante el TEPJF buscará revertir la decisión del tribunal electoral local que validó la elección impugnada.
Consecuencias políticas
El caso plantea al menos dos tensiones institucionales: la relación entre sentencias judiciales federales y decisiones de congresos estatales, y los límites entre el control disciplinario de legisladores y la garantía de derechos de manifestación en espacios públicos. Además, la movilización de un partido a nivel federal para combatir resoluciones locales evidencia la politización que suelen tener estos conflictos y anticipa un enfrentamiento jurídico-electoral de mayor alcance.
| Actor | Rol | Hecho relevante |
|---|---|---|
| Ricardo Mejía | Diputado federal (PT) | Presentó solicitud de juicio político y anunció impugnación ante el TEPJF |
| Antonio Flores Guerra | Diputado local (suspendido) | Suspensión de tres meses; se alega falta de restitución pese a orden judicial |
| Diputados del PRI (Coahuila) | Integrantes de la Junta de Gobierno y Mesa Directiva | Acusados de no acatar sentencias y promover acciones contra manifestantes |
La resolución del caso será relevante para marcar precedentes sobre la vigencia de resoluciones judiciales frente a decisiones de congresos locales y sobre las garantías al derecho a la protesta en contextos de disputa política intensa. Asimismo, el seguimiento judicial en el TEPJF podrá definir si existen bases para anular actos electorales o decisiones jurisdiccionales locales.
En suma, la controversia trasciende el caso individual y sitúa en el centro del debate la interacción entre legalidad, representación y la reacción estatal frente a la disidencia ciudadana.
