Cuando una decisión judicial no se ejecuta, las consecuencias no son solo administrativas: impactan en la representación y en la confianza ciudadana. Esa es la tesis que lleva este viernes a la Cámara de Diputados al legislador federal Ricardo Mejía Berdeja, quien presentó una solicitud de juicio político contra integrantes del Congreso del Estado de Coahuila y anunció que impugnarán ante el TEPJF la resolución del tribunal electoral local para solicitar la nulidad de la elección.
Acusaciones y fundamentos
De acuerdo con el mensaje difundido por el propio diputado del Partido del Trabajo (PT), la petición de juicio político se apoya en tres argumentos: el presunto incumplimiento de una suspensión definitiva emanada de un juez federal que ordenó la restitución del diputado local Antonio Flores Guerra; la negativa del Legislativo local a legislar la revocación de mandato; y la promoción de prácticas que, a su juicio, buscan la criminalización de la protesta social.
“Se señala que nunca en la historia del parlamentarismo en México se había dado un caso donde una mayoría parlamentaria decidiera remover arbitrariamente a un legislador electo por el pueblo con el respaldo de 118,000 votos .”
En su pronunciamiento, Mejía atribuye la falta de independencia de las instituciones de Coahuila al gobierno estatal encabezado por Manolo Jiménez Salinas, y responsabiliza directamente a actores del PRI en la entidad. El diputado federal también acusó al dirigente priista y legislador local Carlos Robles de ordenar la remoción de Flores Guerra.
Qué sigue: instancias y efectos
Además del juicio político ante la Cámara de Diputados, la estrategia anunciada incluye una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para combatir la resolución emitida por el Tribunal Electoral local y solicitar la nulidad de la pasada elección local. Estas acciones llevan el conflicto desde el ámbito estatal hacia tribunales federales y legislativos, y pueden generar:
- Revisión federal del cumplimiento de resoluciones judiciales en Coahuila.
- Potencial impugnación y, en su caso, anulación de actos electorales locales si el TEPJF lo determina.
- Presión política sobre la mayoría parlamentaria del Congreso estatal y el gobernador del estado.
El caso plantea preguntas sobre la separación de poderes en la entidad y el mecanismo adecuado para garantizar la restitución de cargos electos cuando existe una orden judicial. También subraya la tensión entre autoridades estatales y federales en materia electoral y de derechos políticos.
Por ahora, las acciones anunciadas por Mejía ponen el foco en el cumplimiento del Estado de derecho en Coahuila y anuncian un litigio político y jurídico que seguirá su curso en los próximos días ante las instancias correspondientes.
