Desabasto, retraso y opacidad en compra de medicamentos para el cáncer: una historia de negligencia e indiferencia por la salud

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Por: Redacción

• 30/06/2021

Dicen que de buenas intenciones está empedrado el camino a los avernos. Tal fue el caso que generó el desbasto de medicamentos que agobia a los mexicanos.

Corría la transición de gobierno en las postrimerías del sexenio de Peña Nieto y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y su prospecto de secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa Macías, urdieron un plan para concentrar todas las compras del gobierno federal en la Oficialía Mayor de Hacienda con el objetivo de combatir la corrupción.

Obvio, entre las compras del gobierno federal estaba la compra de medicamentos, hasta entonces a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) quien, desde el 2013, las adquiría de forma consolidada para las instituciones de salud federales y estatales, así como para los 23 hospitales de la Secretaría de Salud
(SSA).

Ello, sin embargo, requería de una reforma legal. El encargado de ella fue el diputado Mario Delgado, hoy presidente de Morena, quien había llegado al Congreso de la Unión con los colores y emblema del Partido del Trabajo, pero que, por azares de los arreglos interparlamentarios terminó de líder de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados. Delgado presentó una iniciativa en octubre del 2018 de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, “por petición expresa” del en aquel entonces presidente electo, López Obrador, para concentrar todas las compras en la Oficialía Mayor de la SHCP.

La historia la narran Alejandro Melgoza y Denise Tron en El Universal. Contra la iniciativa se opuso la fracción parlamentaria de Acción Nacional (PAN) por otorgar un “amplio espacio de poder al titular de la SHCP”, lo que produciría un “alto grado de discrecionalidad”. Pero la orden estaba dada y las reformas se aprobaron, recuerda la senadora Martha Márquez, secretaria de la Comisión de Salud de la cámara baja, sin ser siquiera analizada. “Recuerdo –dice la senadora Márquez– haber argumentado que eso iba a generar más opacidad”.

Mientras ello corría a su suerte, la transición transitaba la propia. Reuniones se sucedían entre el gabinete de salud de Peña Nieto y el equipo de transición de López Obrador. Para el primero, recuerda un alto funcionario de entonces, “Nos pareció en esos días que iban a meterse en un grave problema por los cuellos de botella que se iban a generar”.

Y se generaron.

Dos años más tarde, cientos de familias protestan por falta de medicamentos, con especial enfasis en la ausemcia de los fármacos oncológicos. Todo ello debido a que el nuevo gobierno tomó decisiones estratégicas sin los debidos estudios que previeran el desabasto o la ejecución de planes piloto de implementación gradual que evitaran falta de suministros y aseguraran el derecho constitucional de acceso a la salud y el principio, también constitucional, del interés superior de la niñez en todas las decisiones y actauciones del Estado.

Pero si había problemas en la compra más los había en la proveeduría. Las decisiones se tomaron sin considerar quiénes serían los proveedores ni su capacidad de satisfacer las demandas consolidadas y las exigencias de distribución territorial y especializada a lo largo y ancho del territorio nacional. El tema alcanza incluso a la estrategia de vacunación en contra del COVID-19 en curso.

Todo ello se constata en la investigación “Impunidad Cero y Justicia Justa”, producto de décenas de entrevistas y la revisión de cientos de documentos públicos e internos, denuncias penales y amparos interpuestos por afectados del desabasto.

El último día del gobierno de Peña Nieto, el Diario Oficial de la Federación publicaba el decreto de reformas a la Ley Orgánica de la Adminisitración Pública Federal, por el que se atribuye a la SHCP la facultad exclusiva para realizar las compras consolidadas.

El ejercicio de los recursos públicos quedó así modificado y todas las compras se concentraron en solo tres secretarías. SHCP, Defensa Nacional (SEDENA) y Marina (SEMAR). Por tanto, todas las demás secretarías eliminaron de sus estructuras la Oficialía Mayor. Hoy únicamente cuentan con una Unidad Administrativa y Finanzas cuyo titular, por cierto, nombra la SHCP.

Desde Hacienda la nueva Oficial Mayor, Raquel Buenrostro, “sugirió”, según oficios a los que la investigación tuvo acceso, perfiles políticos al frente de dichas unidades. Desde entonces solo la SHCP puede comprar las medicinas. Incluso el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) carece de atribuciones para surtir las necesidades de fármacos de sus derechohabientes.

Pero las nuevas atribuciones de Hacienda se le entregaron sin reglas de operación, ni se acomplaron sistemicamente con otras legislaciones. Por ejemplo, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público sigue señalando a la Secretaría de la Función Pública (SFP) como la responsable de las compras consolidadas, y el Reglamento Interior de la SHCP no dispone qué unidad interna de la dependencia es la encargada de los procesos de compra. Ambas reformas siguen pendientes al cierre de edición del reportaje revisado.

Pero las ordenes estaban dadas. El 1º de diciembre de 2018, temprano por la mañana, el nuevo secretario de Hacienda, Urzúa Macías, notificó los criterios de coordinación y control presupuestario, con acuerdo con oficio 0094. Y ya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se ordenó a toda dependencia sujetarse a la contratación consolidada de los bienes y servicios, entre ellos, los medicamentos, cuya finalidad era obtener “mejores condiciones en cuanto a precio”.

Llegamos así al 1º de enero de 2019, ninguna dependencia del gobierno federal estaba autorizada para comprar medicamentos, salvo la SHCP.

¿Y los estados? También ellos enfrentaban problemas. Con anterioridad el IMSS se coordinaba con ellos para atender a sus necesidades de medicamentos, a través del modelo de compras consolidadas, pero ahora cada quien tendría que comprar por su cuenta.

Pero por lo que hacía al 2019 los almacenes y farmacias estaban surtidas, gracias a la compra consolidadas de 2018 por parte del IMSS, en el que, por cierto, participó ya el equipo de transición de López Obrador. La compra a cargo de SHCP respondía, entonces, para satisfacer las demandas de 2020, toda vez que la mayoría de los contratos tenían vigencia anual.

Y así llegamos al 20 de marzo de 2019. Cuando, desde la mañanera, el presidente vetó a las tres principales distribuidoras de medicamentos en el país: Grupo Fármacos Especializados S.A. de C.V. (Grufesa), Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico S.A. de C.V. (Dimesa) y Maypo. A través del oficio 0090/03/2018, y sin seguir procedimientos previos, ni derechos de audiencia, se comunicó a la SFP que impidiera “la participación en licitaciones o adjudicaciones directas a dichas empresas, hasta que sepamos a ciencia cierta si no hubo en estas operaciones, corrupción y tráfico de influencias”.

La señal era clara y el golpe estaba dado, con independencia de sustentos jurídicos. A la fecha la industria farmacéutica desconoce la razón de lo que, considera, un “manotazo presidencial”. En respuesta al veto, Grufesa y Maypo interpusieron juicios de amparo, obteniendo ambas sentencias favorables; es decir, se halló “improcedente” la prohibición por no acreditar incumplimiento de contratos. Así lo resolvieron los Juzgados Décimo y Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, en los expedientes 573/2019 y 615/2019, respectivamente.

El daño estaba hecho y la confianza desquebrajada. La falta de medicamentos se observó de inmediato en los antivirales, de uso para combatir al VIH. Así surgió el Movimiento Nacional de la Salud (MNS) a principios de mayo de 2019.

Para el presidente se trataba solo de “campañas de desabasto” de la industria farmacéutica, que “quieren jugar a las vencidas (…) quieren obligarnos, presionarnos, a que les compremos a los mismos de manera arbitraría medicinas y caras. ¡Pues no!”.

Luego vino el problema con la empresa Laboratorios Pisa, cuya distribuidora es Dimesa. La Comisión Federal de Protección Sanitaria (Cofepris) le paró su línea de producción del fármaco metotrexato, uno de los principales medicamentos contra el cáncer infantil, derivado de una visita de verificación: “No podrá producir y distribuir el producto Metotrexato solución inyectable en las diferentes presentaciones hasta que esta autoridad sanitaria lo determine”, ordena el oficio 19-MF-3309-01748-MO.

Y cayó la clausura de 7 de las 17 plantas de Pisa por un supuesto hallazgo de una bacteria en productos de tratamientos oncológicos. Ello, según adujo la autoridad, por denuncia anónima sobre 8 pacientes del Hospital para el Niño Poblano que, sostiene, presentaron reacciones al medicamento en febrero de 2019, sin proporcionar mayor información al respecto.

En ese cuadrilátero la oficial mayor de SHCP, Raquel Buenrostro, hoy titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), anunció el 24 de mayo de 2019 un nuevo modelo de compras. Nunca antes se había hecho una compra consolidada a mediados del año. La escasez de medicamentos era ya una realidad que forzó al gobierno a comprar de nuevo. “La posible escasez de medicamentos y materiales de curación se debe a la planeación deficiente de 2018”, dijo, posiblemente, Buenrostro.

Buenrostro criticaba, así, la compra consolidada del IMSS 2018-2019, en la que participó como parte del equipo de transición de López Obrador, por lo que la crítica también la alcanzaba. Tres fuentes presentes en esas reuniones la señalan como responsable de esa planeación.

Vino pues la compra del segundo semestre, su licitación culminó el 30 de junio de 2019, pero solo comprendió 16 de los 36 medicamentos necesarios para el tratamiento del cáncer en menores y adolescentes. Entre los faltantes estaban el metotrexato en solución inyectable y la vincristina, un medicamento utilizado para algunos tipos de leucemia. Estas adquisiciones se hicieron públicas en Compranet hasta el 1º de octubre de ese año. Pero “se declararon desiertas algunas claves de medicamentos y materiales de curación. Lo anterior en razón de que no se presentaron proveedores al proceso o lo hicieron con precios mayores a los de referencia”, asentó la autoridad en un comunicado.

El problema era otro, el veto presidencial que impedía comprar a las tres empresas nacionales proveedoras. Obvio, SHCP desconocía el sector y el mercado, ya que estas empresas no solo ofrecían los insumos necesarios para el gobierno, sino también su distribución y almacenaje. A las farmacéuticas les resulta rentable vender su producto a una de las distribuidoras, debido a la complejidad de distribuir en todo el país y a que no cuentan con una red para ello.

No obstante las claves desiertas, léase, las medicinas que no fueron objeto de la licitación, SHCP y SSA informaron que el abasto de medicamentos estaba garantizado: “Por un lado, existe un contrato consolidado suscrito por la administración anterior, el cual concluye hasta el 31 de diciembre de 2019. Por otro lado, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público prevé la posibilidad de llevar a cabo adjudicaciones directas de manera inmediata”. Solo que la mayoría de esos contratos se celebraron entre las instituciones de salud y las empresas para entonces ya vetadas por el gobierno.

Fueron estas decisiones las que afectaron la disponibilidad de medicamentos y la no presencia oportuna de alternativas que mitigara el desabasto creciente de medicamentos. Ya para entonces, los hospitales que directamente tenían contratos con ellas acusaban también merma en el surtimiento de sus productos.

Así llegamos al 26 de agosto de 2019. Familias de niños y niñas con cáncer bloqueando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ante la falta de metotrexato en el Hospital Infantil de México de la SSA y en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE.

A cuadro apareció un borrado secretario de Salud reconociendo que ello se debía a un problema con Pisa, cuyo “lote” había sido detenido por la COFEPRIS.

Jorge Alcocer, el secretario, declaró desabasto de metotrexato: “Si no se da una dosis, puede esperarse algunos días, no hay ninguna urgencia”. Alcocer también afirmó de forma equivocada que este medicamento podía sustituirse por otro.

El metotrexato que no se adquirió en la segunda compra del 2019, derivó en una compra de emergencia a una farmacéutica francesa y, así, el gobierno anunció su llegada a México el 21 de septiembre de 2019, si bien el fármaco de los Laboratorios Mylan, según halló Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, no contaba con el registro sanitario de COFEPRIS.

Casi la mitad de los tratamientos para niños y adolescentes con cáncer utilizan el metotrexato, con un poco más de 18 mil pacientes activos, cada año se suman a ellos 5 mil nuevos casos y ocupando la principal causa de fallecimientos de infantes entre 5 y 14 años, según datos de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer.

Para terminar con el metotrexato, éste y otros 35 medicamentos integran la lista de los tratamientos oncológicos en México. Las quimioterapias se basan en la combinación específica de estos medicamentos, siguiendo protocolos adaptados y aprobados por el Consejo de Salubridad General. La efectividad del tratamiento radica en que se suministre en tiempo y conforme a los protocolos. Es decir, todo lo contrario a lo sotenido por el secretario del ramo, Jorge Alcocer.

Llegaba octubre del 19 y habían ya causado baja el secretario de Hacienda, Urzúa, y el director del IMSS, Martínez Cázares, el 11 de ese mes, el nuevo secretario de SHCP, Arturo Herrera, publicaba un acuerdo por el cual delegaba facultades a la Oficial Mayor de la entidad para implementar procedimientos de compra. Fue hasta ese entonces que se le instruía legalmente a establecer los lineamientos para las compras consolidadas. Solo ocho días después se dio a conocer en conferencia de prensa el inicio de la compra de medicamentos para 2020.

Pero una cosa es delegar la instrumentación de procedimientos y otra instrumentarlas en reglas claras, así que la Oficialía Mayor se concretó a señalar obviedades: se comprarían únicamente medicinas a titulares de registros sanitarios; se buscaría más de un proveedor para un mismo fármaco (vía abastecimiento simultáneo); y se obtendría información de la capacidad productiva de los proveedores y de sus disponibilidades en cuanto a fechas de entrega.

Revisiones de Impunidad Cero y Justicia Justa, así como las propias palabras de Raquel Buenrostro en aquella conferencia, acreditan que el gobierno federal no había logrado romper con las adjudicaciones directas de la administración anterior.

Antes bien, según anuncios de la propia autoridad, se habrían de adquirir por adjudicación directa varios medicamentos, entre ellos, los oncológicos, antirretrovirales, cardiovasculares y vacunas. El hecho es que en el calendario de la SHCP se pretendía que la adquisición de oncológicos concluyera el 1º de noviembre de 2019, pero hasta el 20 de marzo de 2020 se hizo la primera adjudicación, y dos más se hicieron a finales de abril.

El retraso era inocultable.

Finalmente, el 15 de noviembre de 2019 fueron publicados unos escuetos Lineamientos de la Oficialía Mayor para compras millonarias.

Concluía 2019 y la federación bien sabía que no había adquirido los medicamentos para 2020.
Los estados tuvieron que enfrentar una doble crisis, desarrollar su propia estrategia de compra y la asfixia por la desaparición del Seguro Popular, que los dejó sin la principal fuente de financiamiento para los tratamientos de cáncer. Todo el dinero se concentró en la federación que dejó a los estados en la intemperie y con el COVID-19 en camino.

Un grupo de padres de niños con cáncer se manifestaron, por segunda ocasión, en el AICM el 22 de enero de 2020. “El cáncer no espera”, decían sus pancartas.

La Oficialía Mayor reaccionó, nuevamente, en modo emergencia y anunció, mediante comunicado, que ya se habían entregado ¡451 piezas de vincristina al Hospital Infantil de México!

La narrativa cambió de villano al día siguiente en la mañanera. López Obrador ya no culpó a las farmaceúticas, sino a los propios directivos de hospitales y médico, pese a que por ley únicamente la Oficial Mayor de Hacienda estaba facultada para la compra de medicamentos para el 2020.

Mientras la opinión pública quemaba en leña verde a directivos de hospitales, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la SHCP dictaminó favorable, el 20 de marzo de 2020, en la Sesión Extraordinaria 04/2020, la adjudicación directa de siete medicamentos –de los 36 para el cáncer infantil– a la empresa argentina Laboratorios Kemex y a Ultra Laboratorios. También se le adjudicaron 13 medicamentos a Zurich Pharma.

Por su parte, ese mismo día, Zurich Pharma informaba a la Oficialía Mayor que se desistía de tres medicamentos oncológicos, porque se encontraba impedida para proveerlos al 100 por ciento. Esto llevó a que la Oficial Mayor del gobierno federal iniciará un nuevo procedimiento que concluyó hasta un mes después. El 21 de abril realizó una segunda adjudicación directa –la 11/2020– a Alvartis Pharma y a Laboratorios Kemex, para que surtieran esos medicamentos.

Estas adjudicaciones surtieron 20 medicamentos oncológicos a 8 instituciones y dependencias.

La tercera adjudicación directa la realizó la Oficialía Mayor el 28 de abril de 2020 para surtir a PEMEX, bajo el número 12/2020, con Zurich Pharma y Laboratorios Kemex.

Los amparos ya para entonces granizaban. De los amparos consultados, se desconoce si la Oficialía Mayor compró lo suficiente para atender a dichos institutos para los meses restantes de 2020.

Los hechos muestran que las compras por asignación directa no se realizaron a tiempo y no hubo disponibilidad de medicamentos durante enero, febrero y los primeros 20 días de marzo de 2020, situación que se extendió hasta abril. Las tres adjudicaciones no se hicieron oportunamente para proveer medicamentos oncológicos en los hospitales públicos.

Y una vez hechas las adjudicaciones, los medicamentos comprados tardaron en llegar a los hospitales. A esto se sumaría el colapso del sector salud con la Covid-19.

El gobierno de López Obrador ha culpado a diferentes entes ajenos a él del desabasto de medicinas, alegando por delante la corrupción, pero las adjudicaciones directas y la opacidad no han cesado y tampoco lo ha hecho el desabasto de medicamentos, potencializado por la ausencia de canales de distribución, no solo de fármacos oncológicos, sino de todo tipo de insumos médico, como las vacunas, entre otros de alta urgencia.

Con información de Impunidad Cero y Justicia Justa. y El Universal.

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