Un error registral con consecuencias concretas: así puede resumirse el caso de Sergio Luis Román, un hombre que administra un taller de chapa y pintura y que descubrió que, para el Estado, está fallecido desde diciembre de 2024. La anomalía no es solo una curiosidad: le impide emitir facturas, acceder a trámites con su DNI y usar el pasaporte.
Cómo se detectó la irregularidad
El problema afloró cuando Román intentó realizar gestiones en línea y constató que su clave fiscal no funcionaba. Al consultar en organismos, le informaron que figuraba con un certificado de defunción. En televisión confesó que la situación le resultó primero graciosa y luego angustiante: la identificación documental, esencial para su trabajo, quedó inutilizable.
“Al principio me causó gracia, después me quería morir. No me sirve el documento, el pasaporte, no puedo firmar nada”.
Según la cobertura periodística, el certificado que lo declara fallecido indica que lo encontraron en la puerta de un hospital y que la causa fue una “falla multiorgánica”; además, habría sido emitido casi dos años atrás. Román sostuvo que la persona que figura como testigo en el acta no lo conoce.
Acciones legales y administrativas
Su abogado, Tomás Valdez, describió el expediente y anunció medidas para revertir la inscripción. Entre los pasos previstos están las citaciones a las testigos que aparecen en la documentación; el abogado advirtió que si no acuden se recurrirá a la fuerza pública para localizarlas y obtener declaraciones que permitan invalidar el acta.
- Problema detectado: imposibilidad de operar con claves fiscales y documentos oficiales.
- Documento cuestionado: certificado de defunción emitido en diciembre de 2024.
- Consecuencias: no puede facturar, tramitar documentos ni ejercer actos que requieren firma válida.
Aunque la nota no detalla plazos procesales, el relato muestra la combinación de un error administrativo con efectos reales sobre la economía y la vida civil de una persona que sigue activa laboralmente.
Implicaciones y preguntas abiertas
El incidente plantea interrogantes sobre controles en la emisión de certificados de defunción y la verificación de identidades antes de que un registro cierre derechos. También subraya la vulnerabilidad de quien dependa de trámites digitales y facturación formal para subsistir: un cúmulo de datos erróneos puede paralizar una actividad productiva.
| Elemento | Dato conocido |
|---|---|
| Nombre | Sergio Luis Román |
| Profesión | Dueño de taller de chapa y pintura |
| Documento conflictivo | Certificado de defunción (dic. 2024) |
| Representación legal | Tomás Valdez |
Mientras avanza la vía legal, la historia actúa como un recordatorio de que los cruces entre registros civiles, bases de datos y procedimientos administrativos requieren salvaguardas para evitar que errores —o suplantaciones— dejen a una persona “sin existencia” ante las instituciones. Para Román, la prioridad inmediata es recuperar su capacidad para operar el taller y restituir su identidad ante el Estado.
