Fiscalía de Oaxaca imputa violencia política contra ex alcaldesa de la Cuenca
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) consiguió un auto de vinculación a proceso contra un hombre identificado como Nivardo Cano, conocido como «El Mayo», por su probable participación en hechos que constituyen Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. La imputación corresponde a agresiones cometidas en agravio de Hermelanda Santiago García, quien fue presidenta municipal de Santiago Choápam.
Según el expediente presentado ante el juez de control, los hechos se registraron en marzo de 2023. La fiscalía atribuye al imputado conductas de violencia psicológica, verbal y simbólica que habrían obstaculizado el desempeño de las funciones públicas de la entonces presidenta municipal y puesto en riesgo su integridad personal.
Intervino la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que aportó los elementos probatorios necesarios para que el órgano jurisdiccional dictara la vinculación a proceso. Además del auto, el juez impuso medidas cautelares destinadas a proteger a la víctima mientras se desarrolla la investigación y el proceso penal.
- Imputado: Nivardo Cano (alias «El Mayo»)
- Presunta víctima: Hermelanda Santiago García, expresidenta municipal
- Delitos señalados: Violencia política contra las mujeres en razón de género — violencia psicológica, verbal y simbólica
- Fecha de los hechos: marzo de 2023
- Autoridad que actúa: Fiscalía General del Estado de Oaxaca (Fiscalía Especializada en Delitos Electorales)
| Elemento | Datos |
|---|---|
| Imputado | Nivardo Cano («El Mayo») |
| Agravio | Hermelanda Santiago García (expresidenta municipal) |
| Presunta conducta | Violencia política de género (psicológica, verbal y simbólica) |
| Periodo de los hechos | Marzo de 2023 |
| Medida judicial | Vinculación a proceso y medidas cautelares |
El caso enfatiza dos dimensiones relevantes para la agenda pública: la protección de las mujeres en espacios de decisión política y la operatividad de las fiscalías especializadas para traducir denuncias en procedimientos judiciales. La tipificación y persecución de la violencia política en razón de género ha sido una demanda sostenida por activistas, organismos internacionales y partidos políticos, que señalan la necesidad de garantías efectivas para que las mujeres puedan ejercer cargos sin hostigamiento ni amenazas.
La resolución judicial de vinculación a proceso no equivale a una sentencia condenatoria; marca, sin embargo, la existencia de indicios suficientes para que el asunto avance a la etapa intermedia y eventual juicio. Las medidas cautelares impuestas buscan reducir riesgos sobre la integridad de la agraviada y preservar el normal desarrollo de sus derechos político-electorales mientras las autoridades profundizan la investigación.
En términos institucionales, el caso será un parámetro sobre la eficacia de las investigaciones por violencia política de género en municipios con contextos sociopolíticos complejos. También pondrá a prueba la coordinación entre fiscalías y órganos electorales para sancionar conductas que afectan la competencia democrática y la participación femenina.
La atención que reciba este proceso puede incidir en la percepción pública sobre la capacidad del sistema de justicia para responder ante agresiones dirigidas a autoridades locales, y en la formulación de medidas preventivas y protocolos de protección para mujeres en cargos de elección popular.
