Lo que realmente nos discuten del T-MEC

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Por: Redacción

• 30/07/2022

Y a todo esto qué es lo que realmente dice el capítulo 8 del T—MEC, realmente está en vilo la soberanía o, precisamente, es un acto de soberanía. Veamos.

México deposita su fe en dos párrafos de apenas 147 palabras para frenar la envestida en contra de sus violaciones a la letra y espíritu del tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos. Y sí, el Capítulo 8 del T-MEC afirma la soberanía de México en materia de hidrocarburos y su derecho a modificar la Constitución. No podría ser de otra manera, toda vez que es un tratado comercial, no de soberanías.

En ello se escuda el presidente López Obrador en la batalla ideológica para defender sus reformas que favorecen en condiciones privilegiadas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Pemex frente a otras empresas del sector.

Pero para los funcionarios que participaron en la negociación del tratado y otros expertos consultados, ese no es el problema, toda vez que el capítulo no exime a México de cumplir con el resto de las obligaciones pactadas, como es la de dar el mismo trato a empresas estadounidenses que a mexicanas, sean públicas o privadas. El Capítulo 8 ni siquiera menciona el sector eléctrico, que es el centro de la disputa.

Estados Unidos acusa a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), un organismo supuestamente autónomo, de no ejercer sus atribuciones de manera “imparcial”, como lo establece y obliga el tratado, al favorecer a Pemex y CFE.

Reclama, además, que la reforma a la ley eléctrica viola los artículos que obligan a México a dar el mismo trato a las inversiones norteamericanas que a las mexicanas y en condiciones no menos favorables a las contenidas en otros tratados firmados por México.

Los tres gobiernos tienen unos meses para acercar sus posturas y argumentos antes de que la batalla escale hasta un panel de arbitraje conformados por expertos.

Del lado mexicano, la defensa principal es el Capítulo 8. La semana pasada, tres días después del anuncio de EUA, López Obrador mostró sus párrafos en la pantalla de su mañanera, para concluir: “No vamos a seguir con la política entreguista. No hay ninguna violación al tratado”.

Pues bien, el famoso Capítulo 8 fue un añadido de último minuto. Corría el verano de 2018, el T-MEC estaba prácticamente cerrado, pero la negociación se topó con un escollo inesperado tras el triunfo electoral a López Obrador. El mandatario electo nombró a Jesús Seade, un exfuncionario de la Organización Mundial de Comercio, como su representante en la mesa de negociación. Éste transmitió una carta de López Obrador al representante comercial de EUA, Robert Lighthizer, en la que pedía en términos generales empezar una conversación para sacar al sector energético de las obligaciones que protegían la competencia.

Lighthizer convocó a los negociadores a su despacho en Washington a reunión con Estaban Jesús Seade e Ildefonso Guajardo, secretario de Economía de Peña Nieto y líder del equipo negociador mexicano. También acudió Jared Kushner, asesor y yerno de Trump. La reunión fue tensa. “Lighthizer le dice: ‘Jesús, es una carta insultante. Me estás insultando porque me estás ofreciendo un tratado de segunda, un peor tratamiento que a Europa”, recuerda Guajardo, en entrevista para El País.

Seade regresó a México a consultar con López Obrador. Durante dos semanas, las negociaciones se detuvieron. La presión era máxima. Se trataba de 600 mil millones de dólares de intercambios comerciales anuales sobre la mesa. A nadie le interesaba —supusimos en ese entonces— que las negociaciones fracasaran.

Al final, Seade y EUA acordaron eliminar el Capítulo 8 ya negociado y sustituirlo por otro en el que se afirma el respeto por la soberanía, el derecho de México a reformar su Constitución, y el “dominio directo” del país sobre los hidrocarburos en el subsuelo.

Estados Unidos y Canadá se reservaron el derecho a acudir a los “remedios disponibles” previstos en el T-MEC —la posibilidad de presentar una demanda ante un panel de arbitraje—, en caso de considerar que México violaba otras partes del acuerdo.

Con la inclusión de esos párrafos, López Obrador se dio por satisfecho. En la conferencia de prensa de clausura de las negociaciones en agosto de 2018, Seade quitó importancia al Capítulo 8 y lo presentó como una simple “ingeniería de diseño”.

“No hubo discusiones de contenido con mis amigos de acá (el equipo de Peña Nieto) ni mucho menos con EUA”, señaló.

Además, negó que López Obrador quisiera revertir la liberalización de la generación eléctrica impulsada por Peña Nieto y cuyo espíritu estaba reflejado en el tratado.

“Él no va a echar para atrás la reforma energética, no va a cambiar la Constitución y respeta el marco legal como lo tenemos, y eso incluye por supuesto los contratos”, aseguró.

Año y medio después, el Gobierno empezó a hacer justo lo que Seade dijo que no haría. Trató de cambiar reglamentos y leyes para favorecer a la CFE por encima de las plantas privadas, aunque fueran éstas más baratas, y presentó una reforma constitucional que proponía la cancelación de todos los contratos vigentes entre la paraestatal y las compañías.

La reforma constitucional fracasó por falta de apoyos y los cambios a la ley están paralizados en los tribunales, pero la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha seguido poniendo trabas a la operación de plantas privadas. Por otro lado, la Secretaría de Energía propuso recientemente una política que busca obligar a comprar el gas natural exclusivamente a Pemex o CFE.

Frente a la invocación del Capítulo 8 por parte del presidente, los negociadores mexicanos del T-MEC de la administración anterior y algunos expertos independientes consideran que el argumento es de suyo débil.

El problema empieza en la redacción misma del capítulo. En él no se hace referencia alguna al sector eléctrico, que es el centro de la disputa con EUA y Canadá, sino que se centra solo en los hidrocarburos. Además, los párrafos repiten algo que ya se daba por hecho previamente: los tratados no impiden a los países firmantes reformar su Constitución. Ni podrían.

Lo que si incluyen todos los tratados son disposiciones para sancionar a los países que, al modificar su norma suprema, incumplen lo acordado.

Para Kenneth Smith Ramos, consultor, que participó en el equipo negociador de México, “todo tratado conlleva derechos y obligaciones. Los países son libres de cambiar la Constitución, pero tienen que pagar la cuenta si con ello incumplen el tratado, dice, los acuerdos generan incentivos para que todos los participantes se porten bien, porque los costos son casi inmediatos y sumamente altos”. Entre las sanciones posibles, está la imposición de aranceles.

Por otra parte y pese a la introducción del Capítulo 8, al sector energético se le aplican limitantes presentes en otras partes del tratado, como la obligación de otorgar el mismo tratamiento a inversionistas estadounidenses y canadienses que a los mexicanos, incluidas las empresas paraestatales.

Pues bien, es con relación a ello, no a la soberanía reiteradamente aducida en las mañaneras, que EUA y Canadá llaman a consultas para determinar si las políticas de México violan los capítulos 2, sobre tratamiento nacional; 14, sobre inversiones; y 22, sobre empresas paraestatales. No así el 8, que solo López Obrador menciona.

Para que no se le aplicaran estas obligaciones, México debería haber introducido reservas para excluir a la generación eléctrica de estas obligaciones. Por ejemplo, en el tratado México excluyó la energía nuclear de las disposiciones sobre competencia económica porque, según la Constitución, el Estado tiene un monopolio sobre esa actividad.

No obstante, tratándose de la generación eléctrica, sobre la que han versado las reformas recientes, no se incluyó este tipo de excepciones.

El entonces presidente electo y Jesús Seade se conformaron con la inclusión del Capítulo 8. “México no hizo las reservas pertinentes. El lenguaje jurídico debe ser muy preciso”, señala el economista Ignacio Martínez, profesor de la UNAM. “Si la defensa es que el Capítulo 8 excluye al sector energético, este panel se va a perder muy rápido”, afirma Smith Ramos. “No hay manera de argumentar que ese capítulo excluye a México de sus obligaciones en materia energética”.

Con información de Jon Martín Cullell y El País.


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