La diputada Esther Martínez Romano presentó una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Salud con el objetivo de reorganizar y reforzar los servicios de salud sexual y reproductiva en el estado. El planteamiento propone que estos servicios sean reconocidos expresamente como parte de los servicios básicos de salud y que la atención, incluida la interrupción del embarazo, se integre dentro de la oferta pública con procedimientos claros y personal suficiente.
Qué plantea la reforma
La propuesta se enfoca en varios ejes para garantizar una atención continua y sin barreras administrativas:
- Reconocer los servicios integrales de salud sexual y reproductiva como servicios básicos dentro del sistema de salud estatal.
- Incluir la interrupción del embarazo como servicio de salud que debe ser atendido por las instituciones públicas mediante protocolos definidos y con capacidad de respuesta oportuna.
- Crear una Red Estatal de Unidades de Salud Reproductiva Resolutivas organizada conforme a criterios de regionalización sanitaria, cobertura territorial y disponibilidad de infraestructura.
- Regular la objeción de conciencia para que sea individual, no institucional; no aplicable en situaciones de urgencia; y que no cause negación o dilación del servicio.
Contexto y alcance
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud para su estudio y eventual dictamen. Entre los puntos centrales destaca la intención de priorizar regiones con mayores condiciones de vulnerabilidad mediante la distribución territorial de unidades resolutivas, lo que pretende mejorar la accesibilidad y la disponibilidad de atención especializada.
| Aspecto | Propuesta |
|---|---|
| Calidad del servicio | Procedimientos claros y personal suficiente |
| Cobertura | Red estatal con cobertura territorial suficiente |
| Objeción de conciencia | No institucional; no aplicable en urgencias; sin dilaciones |
Consecuencias prácticas
Si la iniciativa avanza y se convierte en reforma, el sistema de salud estatal deberá ajustar la organización de unidades, protocolos y plantillas de personal para incorporar la atención de salud sexual y reproductiva como parte de la oferta básica. Asimismo, la regulación de la objeción de conciencia podría obligar a las instituciones a garantizar rutas alternativas de atención inmediatas cuando un proveedor se niegue por convicción, evitando demoras en servicios considerados urgentes.
La propuesta no sólo ordena la operación institucional, sino que busca asegurar que las personas usuarias puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad y sin depender del lugar de residencia. La definición de criterios de regionalización y priorización apunta a cerrar brechas entre zonas urbanas y comunidades con mayor vulnerabilidad.
Próximos pasos
- La iniciativa está en la Comisión de Salud para su análisis y eventual dictamen.
- De aprobarse en comisiones, seguirá el trámite legislativo correspondiente para su discusión en el pleno del Congreso local.
La reforma plantea cambios organizativos y normativos que buscan transformar el acceso a servicios reproductivos en el ámbito público, con énfasis en la disponibilidad de infraestructura y la eliminación de barreras administrativas que dificulten la atención oportuna.
