La diputada local del PRI Paola Iveth Gárate Valenzuela presentó un posicionamiento en el Congreso de Sinaloa en el que vincula la caída del empleo en la construcción con la opacidad y la concentración en la asignación de contratos de obra pública. La legisladora argumentó que para recuperar plazas y reactivar la economía regional es necesario incrementar la transparencia y abrir la competencia en los procesos de licitación.
Contexto y cifras
Como referencia, Gárate citó datos de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del INEGI, que muestran una disminución neta de 2,434 trabajadores en el sector entre abril de 2021 y abril de 2026. El descenso no se limita a la mano de obra de obra; el personal administrativo también cayó en 1,527 plazas en el mismo periodo.
| Concepto | Abril 2021 | Abril 2026 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Trabajadores totales del sector | 18,562 | 16,128 | -2,434 |
| Personal administrativo | 4,568 | 3,041 | -1,527 |
| Valor de producción en obra de vivienda (millones de pesos) | 652 | 459 | -193 |
Qué propone y por qué importa
Gárate planteó que la obra pública debe volver a funcionar como motor de desarrollo regional y no como un mecanismo que favorezca a un grupo reducido de empresas. Su diagnóstico señala tres factores centrales detrás del deterioro del sector:
- Concentración de contratos en pocas empresas.
- Opacidad en los procesos de contratación.
- Falta de condiciones de competencia para las compañías locales.
“La obra pública debe servir para generar desarrollo regional, fortalecer a las empresas locales y crear empleos, no para beneficiar a unos cuantos”.
El impacto económico de esos problemas es directo: menos empleos formales reduce ingreso disponible en los hogares, contrae demanda local y presiona a proveedores y comercios vinculados a la construcción. Además, una caída en el valor de producción en vivienda —de 652 a 459 millones de pesos según ENEC— revela menor inversión en obra habitacional, con efecto multiplicador en industrias conexas como materiales, transporte y servicios.
Consecuencias y desafíos prácticos
Si las propuestas de transparencia y competencia no prosperan, el sector podría seguir perdiendo capacidad productiva y empleos formales, agravando la vulnerabilidad de familias que dependen de la construcción. Para comerciantes y proveedores locales, la continuidad de contratos concentrados significa menor volumen de ventas y mayores riesgos de impago. La discusión en el Congreso estatal deberá enfrentar, además, limitaciones legales y técnicas para reformar esquemas de licitación y supervisión.
En términos prácticos, cualquier iniciativa deberá contemplar mecanismos verificables: publicación sistemática de contratos, criterios claros de adjudicación, auditorías independientes y estímulos para la inclusión de empresas locales en consorcios o subcontrataciones. Sin cambios concretos, las cifras citadas por ENEC anticipan una recuperación más lenta para la economía de Sinaloa y una presión sostenida sobre el mercado laboral regional.
