Las principales organizaciones ambientalistas que forman la Plataforma Ecologista Madrileña han denunciado que el Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid está siendo transformado en un foro de trámite, incapaz de ejercer una deliberación efectiva frente a decisiones administrativas que, sostienen, recortan garantías ambientales. El motivo inmediato de la protesta fue la convocatoria de urgencia, con poco más de 48 horas de aviso, de una reunión cuyo único punto fue la aprobación de las entidades colaboradoras ambientales del Anteproyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER).
Los colectivos —entre ellos ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura— advierten que la figura de las entidades colaboradoras introducida en la LIDER supone una transferencia de funciones públicas a agentes privados, lo que entienden como una privatización de trámites y supervisión ambiental. Al mismo tiempo, denuncian que otros aspectos más controvertidos de la norma, como la posible reintroducción del denominado “todo urbanizable” y la desprotección del suelo rural, han quedado fuera del debate en el órgano.
«Se convoca para aparentar cumplimiento legal, evitando deliberaciones reales»
Los colectivos señalan además que la composición del Consejo facilita la ratificación de decisiones ya tomadas por la administración: según la denuncia, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior dispone de mayoría absoluta, con más del 60% de los vocales pertenecientes a la administración. Para las organizaciones, esta distribución impide que el Consejo ejerza su función de supervisión y consulta de manera equilibrada.
La Ley LIDER, cuya aprobación se prevé para finales de 2026, sustituiría a la Ley 9/2001 del Suelo y a la Ley 9/1995 de Medidas de Política Territorial, y, en opinión de la Plataforma, implica un cambio profundo en el modelo de gestión territorial madrileño. Según los ecologistas, la norma prioriza intereses inmobiliarios sobre la protección del patrimonio natural y cultural y sobre el derecho a la vivienda.
Ante este escenario, los colectivos han anunciado su intención de elevar recursos y quejas formales: recurrirán al Defensor del Pueblo y presentarán alegaciones ante el Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus, que tutela el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Implicaciones y próximas claves
La disputa plantea varias preguntas con alcance más allá de la Comunidad de Madrid: ¿cómo se garantizan mecanismos efectivos de participación y control cuando los órganos consultivos pierden independencia? ¿qué límites legales y prácticos existen para externalizar funciones de evaluación ambiental? Y, de prosperar los recursos ante instancias nacionales e internacionales, ¿qué consecuencias podría tener una intervención del Convenio de Aarhus en la normativa madrileña?
- Actores movilizados: Plataforma Ecologista Madrileña y múltiples colectivos locales.
- Reclamaciones: pérdida de deliberación real en el Consejo y privatización de trámites ambientales.
- Vías de impugnación: Defensor del Pueblo y Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus.
| Elemento | Dato |
|---|---|
| Mayoría en el Consejo | Más del 60% de vocales administrativos |
| Leyes sustituidas | Ley 9/2001 y Ley 9/1995 |
| Calendario estimado | Aprobación prevista para finales de 2026 |
Los próximos meses serán claves para conocer si las objeciones ciudadanas tienen efecto en el trámite parlamentario de la LIDER y si los mecanismos de escrutinio nacional o los foros internacionales de cumplimiento del derecho ambiental influyen sobre la marcha de la norma. Mientras tanto, la polémica pone en primer plano el debate sobre quién decide y cómo se controlan los impactos ambientales en procesos legislativos con fuertes implicaciones territoriales.
