Organizaciones ecologistas agrupadas en la Plataforma Ecologista Madrileña han alertado sobre el deterioro progresivo del Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, que —dicen— se ha transformado en un espacio con escasa capacidad de deliberación real. La crítica llega tras la citación de una sesión de carácter urgente con apenas 48 horas de antelación y un único punto en el orden del día: la consideración de las entidades colaboradoras vinculadas al Anteproyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER).
Denuncia central y alcance de la norma
Los colectivos señalan que la nueva regulación supone un cambio profundo en la gestión urbanística y territorial madrileña, ya que pretende sustituir a la Ley 9/2001 del Suelo y a la Ley 9/1995 de Medidas de Política Territorial. Entre las preocupaciones figura la externalización de trámites y controles ambientales —es decir, la asunción por parte de agentes privados de funciones que hasta ahora eran públicas— y la posible reintroducción del denominado «todo urbanizable», una figura que recuerdan fue característica de la ley de 1998 y que facilita la transformación de suelo sin las mismas salvaguardias que antes.
Participación y equilibrio en el Consejo
Según las organizaciones, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior habría desnaturalizado el funcionamiento del órgano consultivo al mantener una mayoría administrativa entre sus vocales —más del 60%—, lo que, sostienen, permite ratificar decisiones adoptadas en otros foros sin un debate efectivo en el Consejo. En opinión de los colectivos, la convocatoria de la sesión con carácter urgente responde a una estrategia para cubrir formalmente requisitos legales sin promover deliberaciones sustantivas.
«Se convoca para aparentar cumplimiento legal, evitando deliberaciones reales»
Los firmantes de la denuncia incluyen a ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura. Subrayan que los cambios planteados por la LIDER priorizan intereses inmobiliarios por encima del derecho a la vivienda y de la protección del territorio y de sus valores ambientales.
- La convocatoria con 48 horas de antelación motivó la alerta de las entidades.
- Se reclama mayor pluralidad en el Consejo ante una mayoría de vocales de la administración (> 60%).
- La LIDER reemplazaría normas vigentes de 1995 y 2001, y podría recuperar figuras de la ley de 1998 que amplían la clasificación urbanística del suelo.
| Elemento | Referencias citadas |
|---|---|
| Leyes que se sustituirían | Ley 9/2001 del Suelo; Ley 9/1995 de Medidas de Política Territorial |
| Figura cuestionada | Reintroducción del "todo urbanizable" (similar a la ley de 1998) |
| Convocatoria | 48 horas de antelación |
| Composición del Consejo | Administración > 60% de los vocales |
El debate sobre la LIDER no se limita a tecnicismos administrativos: implica decisiones sobre cómo y quién planifica el uso del suelo, qué criterios priman en la ordenación territorial y quién controla el cumplimiento ambiental. Para los ecologistas, la delegación de competencias en empresas privadas supondría una mercantilización de funciones de tutela pública y un debilitamiento de los mecanismos de control y participación ciudadana.
La aprobación de la norma está prevista para finales de 2026, según las referencias de la Plataforma. Hasta entonces, el conflicto pone en evidencia una tensión recurrente en políticas territoriales: la distancia entre la formalidad de los procedimientos consultivos y la profundidad real del diálogo entre administraciones, sociedad civil y expertos en medio ambiente.
Queda por ver si la Consejería responderá a las críticas y si el Consejo recuperará un espacio deliberativo con participación efectiva que permita evaluar de manera exhaustiva las consecuencias ambientales, sociales y urbanísticas de la LIDER.
