Cuando una familia pide asilo en la frontera, confía en que un funcionario imparcial evaluará su caso. Esa garantía, advierten especialistas de la ONU, está en riesgo tras la separación de numerosos jueces que atienden procesos migratorios en Estados Unidos.
Qué ocurrió y por qué importa
Expertos de Naciones Unidas documentaron la destitución —desde enero de 2025— de al menos 135 personas que formaban parte de la estructura judicial migratoria estadounidense. Entre ellas figuran 113 jueces de inmigración, 13 jueces adjuntos de inmigración y 9 jueces de apelación migratoria. Según el análisis, muchas de estas remociones se habrían llevado a cabo sin explicaciones individuales ni causas públicas claras.
La preocupación central de la ONU es que estos cambios masivos puedan mermar la independencia judicial y, en consecuencia, el acceso de solicitantes a un proceso imparcial. Los tribunales de inmigración son la última instancia administrativa que determina si una persona enfrentaría riesgos de persecución, tortura u otros daños graves en caso de ser deportada; cualquier sesgo o presión sobre sus integrantes tiene efectos directos sobre vidas.
Patrones observados por los expertos
Los especialistas advirtieron sobre varios indicios que suscitan dudas:
- Remociones sin explicaciones individuales ni procedimientos claros.
- Un número desproporcionado de jueces con antecedentes en la defensa de migrantes o derechos humanitarios entre los separados.
- Patrones que podrían vincularse a la trayectoria profesional, decisiones previas o supuestas afinidades políticas de los jueces.
De los 78 jueces cuya información pública está disponible, 65 mostraban una tasa de aprobación de solicitudes de asilo por encima del promedio nacional o del de sus tribunales, según el mismo análisis.
| Tipo de funcionario | Cantidad reportada |
|---|---|
| Jueces de inmigración | 113 |
| Jueces adjuntos | 13 |
| Jueces de apelación migratoria | 9 |
| Total reportado | 135 |
Consecuencias prácticas
Para las personas migrantes —incluidas mexicanas— estas remociones pueden traducirse en procesos con menos garantías: menor probabilidad de recibir una valoración independiente, demoras en la resolución de casos y una mayor incertidumbre sobre la posibilidad de obtener protección internacional. Además, un tribunal percibido como condicionado erosiona la confianza pública y dificulta la supervisión externa de decisiones administrativas.
Los expertos de la ONU subrayan que los tribunales migratorios cumplen una función esencial para proteger derechos humanos en contextos de desplazamiento. Por ello, llamaron a que las remociones se ajusten a procedimientos transparentes y que se garantice la independencia de quienes deciden sobre el futuro de las personas sujetas a expulsión.
En un panorama regional donde la movilidad forzada sigue en aumento, las decisiones sobre quién ocupa un estrado judicial no son asuntos administrativos neutros: afectan destinos, familias y obligaciones internacionales de protección.
