La detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel por presuntos delitos relacionados con el mercado de combustibles encendió una disputa pública entre organizaciones políticas que interpretan el hecho como una acción con intencionalidad política. El 17 de julio de 2026, el Partido Acción Nacional (PAN) y el partido Somos México se pronunciaron en conjunto cuestionando la actuación de las autoridades encargadas de la procuración de justicia.
Posturas contrapuestas y reclamos de parcialidad
En sus comunicados, ambas agrupaciones exigieron que las investigaciones se conduzcan con apego al debido proceso y la imparcialidad. Somos México, que reconoce a Ruffo Appel como integrante de su Consejo Consultivo, calificó la detención como “arbitraria e ilegal” y demandó la liberación inmediata del exgobernador, según la versión difundida por el partido.
“Calificando su detención como arbitraria e ilegal y demandando su liberación inmediata.”
El posicionamiento de Somos México incluye además una defensa de la actividad empresarial de Ruffo: el partido sostuvo que la compañía Ingemar cuenta con los registros y permisos ante el SAT y la Secretaría de Energía, argumento que busca desestimar las imputaciones planteadas por la Fiscalía.
Por su parte, el PAN rechazó que esto suponga una absolución previa, pero reclamó el respeto a las garantías constitucionales y pidió transparencia en el proceso penal. El partido insistió en que ninguna persona debe ser objeto de persecución selectiva y demandó certeza sobre el fundamento de la detención.
Acusaciones cruzadas y contexto político
Tanto PAN como Somos México acusaron a las autoridades de ejercer un doble rasero y apuntaron que el caso podría estar dirigido a distraer la atención pública frente a señalamientos que afectan a funcionarios de Morena. En concreto, ambas organizaciones mencionaron al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, como personas que, a su juicio, han recibido un trato distinto pese a las acusaciones que enfrentan.
- PAN: exige imparcialidad y respeto al debido proceso.
- Somos México: pide la liberación inmediata de Ruffo y defiende la legalidad de Ingemar.
- Cuestión nacional: ambas fuerzas sostienen que hay un posible uso político de la acción penal.
Hasta el momento de los pronunciamientos públicos reseñados, la Fiscalía General u otra autoridad competente no habían hecho públicos nuevos elementos que expliquen el curso posterior del caso en la esfera mediática. El reclamo político añade una capa de tensión al procedimiento legal y presagia debate sobre la forma en que se aplican las indagatorias cuando afectan a actores con perfil político.
| Actor | Posición |
|---|---|
| PAN | Exige respeto al debido proceso; cuestiona posible persecución selectiva |
| Somos México | Califica la detención de arbitraria e ilegal; demanda liberación de Ruffo |
| Ruffo / Ingemar | Partido asegura que la empresa cumple con registros y permisos |
