INE crea mecanismo institucional para prevenir y atender la violencia política contra mujeres
La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la constitución del Grupo de Trabajo para la Prevención y Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), junto con los Lineamientos para su Operación y Funcionamiento para el periodo 2026-2031. La medida busca articular acciones entre áreas del propio INE, los Organismos Públicos Locales y los partidos políticos, con la finalidad de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos político‑electorales de las mujeres.
El órgano tendrá carácter multidisciplinario y funciones orientadas a la coordinación interna y al seguimiento de las denuncias relacionadas con la VPMRG. Entre sus responsabilidades figuran la emisión de opiniones técnicas, la sistematización de la información que reporten las contrapartes y el impulso de medidas preventivas que eviten la dispersión de esfuerzos institucionales.
“damos cumplimiento a los acuerdos contraídos con anterioridad, reiterando el compromiso que el INE tiene, encabezado por nuestra Consejera Presidenta, con la participación política de las mujeres en entornos igualitarios y libres de todo tipo de violencias”.
La titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (UTIGyND), Iliana Araceli Hernández Gómez, informó que la creación del Grupo de Trabajo responde a un acuerdo del Consejo General sobre la estrategia 2026-2031, concebida como una herramienta institucional de planeación a largo plazo que integre programas y proyectos en materia de igualdad y no discriminación.
De acuerdo con el acuerdo aprobado en sesión extraordinaria urgente, la presidencia del Grupo recaerá en la Secretaría Ejecutiva, mientras que la UTIGyND fungirá como unidad técnica. Esa estructura busca combinar la capacidad administrativa de la Secretaría Ejecutiva con la experticia técnica en género de la UTIGyND.
El texto aprobado también confiere al nuevo órgano facultades para monitorear el cumplimiento de las líneas de acción establecidas en la estrategia y para desarrollar pronunciamientos técnicos sobre casos y políticas públicas relacionadas con la violencia política por razones de género. En la práctica, esto implica que el Grupo deberá coordinar respuestas institucionales y homogeneizar criterios para prevenir la repetición de conductas violentas en espacios políticos.
A continuación se sintetizan las principales funciones y alcances acordados:
- Seguimiento a denuncias vinculadas con la violencia política contra mujeres.
- Articulación de acciones preventivas entre unidades del INE, OPLES y partidos.
- Emisión de opiniones técnicas y sistematización de información reportada por contrapartes.
- Monitoreo del cumplimiento de las líneas de acción de la estrategia 2026-2031.
| Responsabilidad | Objetivo |
|---|---|
| Seguimiento a denuncias | Garantizar trazabilidad y respuesta institucional |
| Coordinación interna | Evitar dispersión de esfuerzos y homogeneizar criterios |
| Opiniones técnicas | Fortalecer la prevención y la atención con criterios especializados |
| Sistematización de información | Generar insumos para evaluación y planeación de políticas |
La conformación de este Grupo de Trabajo se enmarca en un esfuerzo por institucionalizar la prevención y la atención de la violencia política por motivos de género de manera sostenida en el tiempo. Su diseño busca superar respuestas puntuales y establecer una ruta de acción que incluya colaboración con los Organismos Públicos Locales —donde se materializa buena parte de la vida política— y con las fuerzas políticas, cuya conducta es central para reducir las barreras de participación para las mujeres.
El reto para su eficacia será, en lo inmediato, transformar las atribuciones en prácticas operativas: coordinar con los OPLES, homogeneizar criterios de actuación frente a denuncias y asegurar mecanismos de monitoreo que permitan evaluar avances cuantitativos y cualitativos durante el horizonte 2026-2031. En ese sentido, la presidencia en manos de la Secretaría Ejecutiva y el soporte técnico de la UTIGyND ofrecen una combinación institucional que, si se traduce en recursos y rutas claras, podrá influir en la reducción de la violencia política y en el fortalecimiento de entornos que permitan la participación política igualitaria de las mujeres.
