El INS exige evaluación científica antes de autorizar prueba de aspersión
El Instituto Nacional de Salud (INS) anunció que, por ahora, no ha otorgado un concepto técnico que respalde la realización de un piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio previsto en la Resolución 007 de 2026 del Consejo Nacional de Estupefacientes. La comunicación oficial del INS llega en un contexto ya tenso: un juez frenó anteriormente el inicio de esas pruebas hasta que se cuente con información completa y verificada sobre los posibles efectos en la salud de las poblaciones expuestas.
La decisión del instituto coloca un nuevo escollo a la intención del Gobierno de avanzar en políticas de erradicación de cultivos ilícitos mediante fumigaciones aéreas, estrategia que el Ejecutivo considera parte de su combate al narcotráfico y a las organizaciones criminales. Sin embargo, la historia jurídica y científica alrededor de estas prácticas es relevante: en 2017 la Corte Constitucional había prohibido la aspersión con glifosato por sus riesgos para la salud, y ahora la sustitución por otro herbicida vuelve a provocar dudas técnicas y legales.
Desde su papel de autoridad científica y técnica en materia de salud pública, el INS subrayó que le corresponde valorar de forma sustentada los riesgos potenciales para la población. El instituto dejó claro que hasta la fecha no ha emitido el visto bueno requerido para la realización de ese piloto en el Putumayo, lo que impide avanzar con las operaciones planeadas por el gobierno nacional.
“En el marco de la posible realización de un piloto de erradicación de cultivos ilícitos por medio de aspersión aérea con glufosinato de amonio previsto en la Resolución 007 de 2026 del Consejo Nacional de Estupefacientes, el Instituto Nacional de Salud (INS) informa que, a la fecha, no ha emitido concepto previo en salud respecto de este plan piloto.”
La preocupación central que motivó tanto la decisión judicial como la cautela del INS es la ausencia de información completa, verificable y pública sobre los alcances y riesgos para la salud humana asociada a la aspersión aérea de este químico. Así, autoridades y operadores deberán aportar evidencia científica sólida que incluya evaluación de exposición, posibles efectos agudos y crónicos, y medidas de mitigación para poblaciones cercanas.
Entre las consecuencias inmediatas y los puntos a seguir destacan:
- La imposibilidad de iniciar el piloto en Putumayo hasta que el INS entregue su concepto técnico.
- Mayor escrutinio judicial y público sobre cualquier iniciativa de fumigación aérea que implique herbicidas.
- La necesidad de estudios de riesgo y protocolos de monitoreo que sean transparentes y revisables por la comunidad científica y las autoridades de salud.
En la práctica, la medida obliga al Gobierno a presentar documentación científica robusta y a garantizar evaluación independiente antes de cualquier intervención que pueda afectar la salud colectiva. A la espera de ese concepto, la discusión pública sobre alternativas de control de cultivos ilícitos —y sobre el balance entre seguridad y salud pública— seguirá abierta y bajo escrutinio.
| Actor | Acción / Estado |
|---|---|
| Gobierno (De la Espriella) | Planteó piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio |
| Instituto Nacional de Salud (INS) | No ha emitido concepto técnico previo; detiene autorización |
| Órganos judiciales | Un juez frenó el piloto hasta contar con información completa y verificada |
| Corte Constitucional (precedente 2017) | Prohibió la aspersión con glifosato por afectaciones a la población |
