Familias, docentes y activistas recorrieron las calles de Hermosillo para exigir al poder público la asignación de recursos y el cumplimiento de resoluciones judiciales en favor de los centros de educación inicial vinculados a la organización Covafam Sonora. La marcha, que partió de la Plaza Emiliana de Zubeldía y concluyó frente al Congreso estatal, fue encabezada por la influencer Lupita Villalobos y reunió a centenares de personas.
Reclamo central y actores
La protesta busca visibilizar la situación de los 25 centros que, según la dirigencia de Covafam Sonora, se mantienen en funcionamiento y cuentan con dictámenes aprobatorios de Protección Civil. Los manifestantes demandaron que se traduzcan en presupuesto y medidas concretas las resoluciones judiciales que, según ellos, aún no se han atendido por parte del Legislativo.
“Tenemos que tener educación inicial gratuita en Sonora”
Además del respaldo público, la movilización apeló a la presión social por una causa que combina demandas por recursos, cumplimiento legal y reconocimiento del derecho a la educación inicial. En paralelo, la protesta dio apoyo a Jorge García, un abogado que mantiene una huelga de hambre de 50 días frente al Congreso del Estado.
Controversias y defensas
La representante de Covafam Sonora, Guadalupe Lizeth Villalobos López, rechazó observaciones difundidas sobre supuestas irregularidades en algunos centros y sostuvo que varias imágenes virales corresponden a inmuebles que ya no operan o que cambiaron de domicilio. También destacó que la participación de figuras públicas e influencers ha amplificado la atención sobre la problemática.
- Demanda principal: cumplimiento de resoluciones judiciales y asignación de recursos.
- Actores: Covafam Sonora, familias, docentes, Lupita Villalobos y el abogado Jorge García.
- Situación en terreno: 25 centros en funcionamiento con dictámenes de Protección Civil, según la dirigencia.
Qué sigue y qué debe atenderse
La movilización pone sobre la mesa varios puntos que requieren atención pública: la verificación administrativa y técnica de los centros que operan; la revisión del cumplimiento de resoluciones judiciales por parte del Congreso local; y la asignación de recursos que garanticen servicios de educación inicial gratuitos y de calidad. La disputa también evidencia cómo la opinión pública y la participación de figuras mediáticas pueden presionar a las autoridades a actuar, aunque no sustituye la necesidad de procesos formales de fiscalización y asignación presupuestal.
| Elemento | Dato |
|---|---|
| Centros en funcionamiento (según Covafam) | 25 |
| Duración de la huelga de hambre | 50 días |
| Recorrido de la marcha | Plaza Emiliana de Zubeldía → Congreso del Estado |
Para padres y madres interesados: conviene demandar transparencia sobre la situación legal y sanitaria de los centros, solicitar a las autoridades locales los dictámenes y resoluciones pertinentes, y seguir las comunicaciones oficiales del Congreso estatal y de los organismos de protección civil. La solución a la demanda de educación inicial gratuita y segura requiere tanto movilización social como respuestas técnicas y presupuestales claras por parte de las autoridades.
