El Ministerio de Justicia confirmó la incautación y destrucción de seis consolas PlayStation 4 ubicadas en el Centro Especializado para el Adulto Joven Ofelia Vincenzi Peñaranda, en San Rafael de Alajuela. La medida forma parte del nuevo programa denominado Cero Ocio, que busca sustituir el tiempo libre no supervisado por actividades laborales en beneficio de la comunidad.
Qué pasó y quién ordenó la medida
Las consolas halladas ingresaron a los centros penales con permisos administrativos en 2019 y 2023. El ministro Gabriel Aguilar Vargas explicó que la determinación responde a la necesidad de terminar con lo que calificó como permisividad dentro de los módulos y fomentar trabajo, orden y disciplina entre las personas privadas de la libertad.
“Me enteré de que los privados de libertad tenían consolas de videojuegos, televisores y pasaban ociosos. Eso se terminó. Van a tener que incorporarse al plan Cero Ocio para trabajar y cumplir con su condena. Si quieren ganarse el beneficio del dos por uno, tendrán que hacerlo con trabajo, orden y disciplina”, afirmó Gabriel Aguilar Vargas.
Cómo funciona el plan Cero Ocio
Actualmente el programa tiene cuatro frentes de trabajo activos y alrededor de 50 privados de libertad asignados a labores como mantenimiento vial, apoyo en escuelas y limpieza de espacios públicos. Según el Ministerio, solo el frente de mantenimiento de carreteras genera un ahorro estimado de ¢600 millones anuales, y la intervención en siete centros educativos proyecta un ahorro de hasta ¢17,5 millones para las comunidades educativas.
- Activos: 4 frentes de trabajo.
- Personas involucradas: ~50 privados de libertad.
- Ahorros reportados: ¢600 millones en mantenimiento vial y hasta ¢17,5 millones en intervenciones escolares.
Contexto y posibles consecuencias
Las consolas destruidas habían sido autorizadas por la propia institución en ocasiones anteriores, durante los administraciones de Carlos Alvarado y Rodrigo Chaves. La medida de retiro y destrucción abre el debate sobre cómo equilibrar medidas disciplinarias con derechos culturales y de esparcimiento en entornos penitenciarios.
Desde la perspectiva operativa, convertir el ocio en trabajo formal puede tener efectos inmediatos en el presupuesto y las infraestructuras locales: el ahorro en mantenimiento vial y en la intervención escolar podría liberar recursos para otras necesidades comunitarias. Sin embargo, especialistas en reinserción suelen advertir que las actividades deben combinar formación y oportunidades laborales reales para ser efectivas a largo plazo.
Para quienes coordinan planes de ocio y cultura es relevante observar si la política se mantendrá en el tiempo y cómo se implementará el acompañamiento para que el trabajo cumpla criterios de seguridad, dignidad laboral y aprendizaje. La eliminación de dispositivos electrónicos también plantea interrogantes sobre el acceso a educación a distancia, comunicación con familiares y programas de rehabilitación que incluyen entretenimiento como componente terapéutico.
En el corto plazo, el anuncio es claro: las consolas ya no formarán parte del mobiliario de ese centro y los internos vinculados a su uso deberán integrarse al plan de trabajo comunitario. Queda por ver cómo evolucionará el modelo y si otros centros penitenciarios adoptarán medidas similares.
| Dato | Valor |
|---|---|
| Consolas destruidas | 6 PlayStation 4 |
| Frentes de trabajo activos | 4 |
| Personas involucradas | ~50 |
| Ahorro estimado (mantenimiento vial) | ¢600 millones anuales |
| Ahorro proyectado (centros educativos) | Hasta ¢17,5 millones |
