Acusaciones de transporte y la respuesta legislativa
Transportistas de carga que recorren calles y carreteras del municipio de Santa Catarina han presentado denuncias públicas contra elementos de tránsito municipal por presuntas extorsiones vinculadas a retenes, según relatos recopilados por autoridades locales y un legislador estatal. Los señalamientos apuntan a cobros para evitar sanciones administrativas que, según los denunciantes, pueden ascender a 50,000 pesos por unidad.
El diputado local Miguel Ángel García Lechuga (PAN) confirmó ante medios la existencia de denuncias de choferes, propietarios y empresarios que aseguran haber sido obligados a entregar dinero en efectivo o a realizar transferencias bancarias a números personales para no recibir multas. Los reportes incluyen detenciones en vías principales del municipio.
“A todos les quitan el dinero a cualquier hora en la carretera a Saltillo, Morones Prieto, Colosio, Cuauhtémoc y Cloutier, les quitan dinero, incluso les dicen que hagan pago por medio de transferencias bancarias a sus tarjetas personales”.
En su intervención, el legislador destacó que las detenciones afectan desde camionetas de poco tonelaje hasta tráileres y unidades de pedreras, y pidió medidas para evitar que el personal de vialidad cometa abusos. También recordó que el Congreso del Estado aprobó una normativa para que todos los elementos de vialidad y seguridad utilicen cámaras corporales encendidas durante su turno.
- Denuncias directas de choferes, propietarios y empresas de transporte.
- Presunta práctica recurrente en rutas y avenidas principales del municipio.
- Exhorto legislativo a la implementación y uso obligatorio de cámaras corporales.
Los señalamientos incluyen una lista de puntos donde, según los afectados, ocurren las detenciones y cobros: la carretera a Saltillo, así como las avenidas Morones Prieto, Colosio, Cuauhtémoc y Cloutier. A continuación se resume la acusación principal.
| Elemento | Denuncia |
|---|---|
| Monto de la multa reportada | 50,000 pesos |
| Zonas señaladas | Carretera a Saltillo; avenidas Morones Prieto, Colosio, Cuauhtémoc y Cloutier |
| Modalidad señalada | Pago en efectivo o transferencia a cuentas personales |
Para los habitantes y comerciantes de Santa Catarina, las acusaciones plantean riesgos concretos: incremento en los costos de traslado de mercancías, afectación a la competitividad de empresas locales y una pérdida de confianza en la autoridad municipal encargada de la vialidad. Además, si las prácticas denunciadas fueran sistemáticas, implicarían un problema de seguridad jurídica para conductores foráneos y locales que transitan por la zona.
Hasta el momento de la publicación no se registró una declaración oficial de la administración municipal de Santa Catarina ni de la dirección de vialidad sobre acciones de verificación o investigación internas. El diputado panista planteó la fiscalización mediante la ley de cámaras corporales ya aprobada en el Congreso del Estado como una herramienta para documentar y prevenir posibles abusos.
Las autoridades competentes —incluida la propia municipal y la legislatura estatal— enfrentan ahora la necesidad de transparentar investigaciones, garantizar mecanismos de denuncia efectivos y aplicar la normativa que obligue el uso de cámaras, con el fin de restablecer la confianza de conductores y empresas afectadas.
