La Corte define competencias sobre recursos federales ejercidos en Acapulco
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó por unanimidad la auditoría practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) a la alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López Rodríguez. El pronunciamiento deja sin efectos la revisión local que atribuía presunto desvío o falta de comprobación de 898.6 millones de pesos correspondientes al ejercicio 2023, al tratarse de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM).
De acuerdo con el fallo, la ASE carece de facultades constitucionales para fiscalizar esos recursos, ya que, por su origen, la supervisión corresponde de manera exclusiva a la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La resolución delimita el alcance de las instancias fiscalizadoras cuando se trata de fondos federales ejercidos por ayuntamientos.
Sin exoneración: el proceso federal continúa
En su explicación pública, los ministros puntualizaron que la determinación se centra en un conflicto de competencias y no en el fondo del asunto. La precisión fue categórica:
no representa una exoneración para la alcaldesa
Con ello, se confirma que las indagatorias y revisiones federales sobre el destino de los recursos seguirán su curso en la ASF. El mensaje para Acapulco es que la ruta de la fiscalización se mantiene abierta a nivel federal, con la documentación y tiempos que correspondan a esa autoridad.
Reacción de la alcaldesa con licencia y contexto político local
Tras el fallo, Abelina López Rodríguez afirmó en redes sociales que desde el inicio sostuvo que los recursos fueron comprobados en tiempo y forma ante la ASF y consideró que la decisión brinda certeza jurídica y respeta el marco constitucional. La funcionaria se encuentra con licencia en su búsqueda de la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero. Paralelamente, aguarda la resolución de otra controversia en la SCJN vinculada al proceso de revocación de mandato que se promovió en su contra.
El desenlace en la Corte ocurre en un momento de definiciones políticas para el municipio y el estado. Para las y los acapulqueños, la sentencia clarifica quién debe revisar el uso de fondos federales a nivel municipal, mientras que la evaluación de la gestión local en materia de obra y servicios queda sujeta a los dictámenes y observaciones que emita la autoridad competente en la esfera federal.
¿Qué cambia y qué permanece para Acapulco?
- La auditoría de la ASE sobre el FAISM en 2023 queda sin efectos.
- La ASF mantiene la competencia exclusiva para revisar esos recursos.
- Las investigaciones federales continúan y podrían derivar en observaciones, solventaciones o procedimientos, conforme a la ley.
En términos prácticos, el Ayuntamiento y las dependencias municipales deberán sostener su intercambio técnico con la ASF en los plazos y formatos establecidos por la fiscalización federal. Para la ciudadanía, el seguimiento del caso se trasladará a los informes y resultados que la ASF publique, donde suelen detallarse avances, observaciones y estatus de solventación.
Alcances del fallo para la fiscalización municipal
La decisión de la SCJN ordena el mapa de control sobre el gasto público cuando confluyen fondos federales y ejecución municipal. Aunque el fallo no entra al detalle del destino de los recursos, sí establece la vía que debe observarse para revisarlos. Este precedente es relevante para otros municipios de Guerrero que administran recursos del FAISM u otros ramos federales con reglas específicas de fiscalización.
| Concepto | Dato clave |
|---|---|
| Recursos auditados | 898.6 millones de pesos |
| Ejercicio fiscal | 2023 |
| Origen de los fondos | FAISM |
| Instancia competente | Auditoría Superior de la Federación |
| Auditoría invalidada | Auditoría Superior del Estado de Guerrero |
En esta etapa, la atención se centra en el calendario y resultados de la auditoría federal. Cualquier observación de la ASF deberá atenderse con documentación y procesos de solventación. Si derivan responsabilidades, serán conducentes a los mecanismos previstos en la normativa federal y municipal aplicable.
Mientras tanto, en el entorno político de Acapulco persiste el escrutinio público sobre la aplicación de recursos destinados a infraestructura social. La resolución de la Corte traza el cauce institucional: la revisión será federal; la discusión local sobre obras, prioridades y resultados continuará en la arena pública y en los informes de la autoridad competente.
