Denuncia del CNI por despojos y desplazamientos en Chiapas
El Congreso Nacional Indígena (CNI) en Chiapas emitió una denuncia pública en la que acusa a fuerzas estatales y a autoridades municipales de haber participado en actos de represión, despojo y hostigamiento contra comunidades tseltales. Los hechos denunciados, registrados el pasado 12 de febrero de 2026, se concentran en la comunidad de Jotolá, municipio de Chilón, y en el Mercado Público Tradicional Dr. Belisario Domínguez —conocido como “Samir Flores Soberanes”, Zona 10 Patria Nueva— en el municipio de Ocosingo.
La denuncia señala la participación de la Guardia Estatal, la Policía Municipal de Chilón, funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y del Tribunal Unitario Agrario en los hechos que, según el CNI, derivaron en destruccción de viviendas, robos de pertenencias y amenazas que obligaron al desplazamiento de familias.
“Como Congreso Nacional Indígena en Chiapas denunciamos públicamente la represión a nuestros pueblos y comunidades.”
Entre los datos aportados por la organización se mencionan detenciones y medidas judiciales concretas, así como el estado actual de varias familias afectadas.
- 8 familias desplazadas, según el CNI.
- 2 personas detenidas: Francisco Moreno y María de Jesús Sánchez.
- 39 copropietarios tseltales denunciados como afectados por despojo en el mercado tradicional.
| Concepto | Reporte del CNI |
|---|---|
| Familias desplazadas | 8 |
| Personas detenidas | 2 (Francisco Moreno; María de Jesús Sánchez) |
| Copropietarios afectados | 39 |
La comunicación del CNI añade que una de las personas detenidas, Francisco Moreno, permanece recluida en el penal de Yajalón, mientras que María de Jesús Sánchez cumple una medida de firma semanal frente a lo que la organización describe como “el mal gobierno”.
Además de los daños materiales y las detenciones, la organización denuncia disposiciones de obra y cierres que han afectado la actividad económica de comerciantes tseltales en el mercado público: destrucción de locales, construcción de bardas que impiden el acceso y otras acciones que, según el CNI, constituyen un proceso de despojo.
La denuncia fue dirigida a distintos destinatarios, entre ellos el EZLN, redes y colectivas de resistencia, defensores de derechos humanos, medios libres y la sociedad civil, y alerta sobre la continuidad de prácticas de despojo con la presunta complicidad de los tres niveles de gobierno.
Para las comunidades e instituciones en Iguala y el estado de Guerrero, el relato del CNI sirve como referencia sobre tipos de afectación que han ocurrido en otra región del país: desplazamiento interno, afectación del comercio local y procesos judiciales que dejan a familias en situación de precariedad. Organizaciones locales, defensoras de derechos humanos y autoridades municipales deben tomar en cuenta estos elementos al monitorear riesgos similares en la entidad.
La denuncia del CNI está en curso y los hechos que describe implican a autoridades y cuerpos de seguridad cuyos actos y responsabilidades quedan por aclarar ante instancias competentes.
