Petición indígena llega a la Corte para blindar a las polinizadoras
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sometió a votación la atracción de un expediente promovido por productores indígenas de Campeche para que las abejas sean consideradas como entes con derechos. La iniciativa busca dotar de herramientas jurídicas a colectivos apícolas que desde 2015 denuncian efectos adversos por el uso de agroquímicos en la Selva Maya, especialmente en áreas de Hopelchén y Calakmul.
Si la Corte acepta atraer el caso, el análisis podrá avanzar más allá del reconocimiento de sintiencia y evaluar un marco de protección que permita la defensa legal de estos insectos por parte de comunidades y colectivos locales. Los impulsores principales son integrantes del Colectivo Apícola de los Chenes, que han litigado contra prácticas agrícolas y empresas transnacionales por presuntos daños a la apicultura regional.
En los últimos dos años, autoridades y productores han reportado al menos tres episodios de mortandad masiva de abejas en comunidades entre Hopelchén y la capital. Entre los agroquímicos detectados en esos eventos aparecen el glifosato y el fipronil, este último descrito como un insecticida de amplio espectro que requiere manejo estricto por su potencial impacto sobre polinizadores y algunos organismos acuáticos.
- Actores: Colectivo Apícola de los Chenes y comunidades indígenas de la Península de Yucatán.
- Áreas afectadas: Selva Maya, con foco en Hopelchén y Calakmul.
- Químicos señalados: glifosato y fipronil.
- Período de denuncias: desde 2015 hasta reportes recientes en los últimos dos años.
| Periodo | Incidentes reportados |
|---|---|
| Últimos dos años | 3 mortandades masivas |
Para las familias que dependen de la apicultura en la entidad, la medida propuesta ante la Corte implica la posibilidad de contar con mecanismos legales para reclamar responsabilidades y exigir medidas de prevención frente a fumigaciones o aplicaciones de productos tóxicos que pongan en riesgo los apiarios.
La vocería de la SCJN informó que en las próximas semanas se determinará si el asunto queda en su jurisdicción y, de ser así, se procederá al estudio de la viabilidad jurídica de declarar a las abejas como entes sujetas a derechos. El resultado tendrá alcance más allá de la protección ambiental: puede incidir en políticas agrarias, aplicabilidad de sanciones y en la forma en que se regulan los agroquímicos en zonas donde la apicultura es actividad económica clave.
Para la población campechana, y en particular para quienes viven en las comunidades apícolas, el litigio supone una alternativa para preservar un servicio ambiental esencial —la polinización— del que dependen tanto cultivos como ecosistemas locales, así como el sustento de miles de familias indígenas que han visto afectadas sus colmenas en la última década.
