Desmantelan red de videovigilancia ilegal que operaba en al menos 14 municipios
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla reportó el retiro de 577 cámaras instaladas sin autorización entre el 14 de diciembre de 2024 y el 9 de junio de 2026. La dependencia atribuye estos aparatos a grupos del crimen organizado que, según los informes de las fuerzas federales, los utilizaban para obtener información sobre despliegues policiales y proteger actividades ilícitas.
De acuerdo con el balance oficial, el desmantelamiento se intensificó desde el inicio de la actual administración estatal, cuando se identificó la existencia de sistemas de vigilancia paralelos colocados en postes, inmuebles y puntos estratégicos. La SSP indicó que la medida responde a un diagnóstico que detectó la presencia en la entidad de al menos siete organizaciones delictivas, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa y La Familia Michoacana.
cámaras “parásitas”
La distribución territorial del aseguramiento concentra casi el 70% de los dispositivos en cuatro municipios. Esto tiene implicaciones directas en la operación policial y en la seguridad ciudadana, pues la existencia de vigilancia clandestina permite a grupos criminales anticipar y evadir operativos.
- Puebla (municipio): 104 cámaras retiradas.
- San Martín Texmelucan: 102.
- Tehuacán: 101.
- Cuautlancingo: 90.
- Amozoc: 80.
Además de esos cinco municipios, la SSP localizó aparatos en Ajalpan, Zacatlán, San Salvador El Verde, Tecamachalco, Tepeaca, Xicotepec, Teziutlán, Venustiano Carranza y Huixcolotla.
| Municipio | Cámaras retiradas |
|---|---|
| Puebla | 104 |
| San Martín Texmelucan | 102 |
| Tehuacán | 101 |
| Cuautlancingo | 90 |
| Amozoc | 80 |
Fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina habían señalado previamente que organizaciones criminales emplean estos dispositivos para recibir inteligencia en tiempo real sobre patrullajes, cateos y otros movimientos de las fuerzas de seguridad. Esa capacidad logística incrementa el riesgo de impunidad y dificulta la respuesta interinstitucional.
Para la ciudadanía, el hallazgo obliga a considerar medidas prácticas: reportar cámaras visibles sin logos ni permisos, reforzar comunicación con los ayuntamientos para solicitar censos de infraestructura pública y exigir transparencia sobre los permisos de videovigilancia urbana. Para las autoridades, el reto consiste en robustecer la coordinación con las fuerzas federales y revisar los protocolos de instalación y mantenimiento de cámaras municipales y privadas.
El retiro de 577 dispositivos representa un paso operativo, pero también plantea preguntas sobre la posibilidad de reposición o la existencia de redes aún activas. Las autoridades estatales no han informado públicamente sobre sanciones administrativas o penales vinculadas a los responsables de la instalación de estos equipos, ni sobre un plan integral para monitorear que no se vuelva a crear infraestructura clandestina.
La detección y desmantelamiento continuarán siendo relevantes para reducir la ventaja operativa que las organizaciones delictivas obtienen al vigilar y anticipar la acción policial. La ciudadanía y los municipios deberán permanecer atentos a las medidas que anuncien la SSP y las fiscalías para garantizar que estos hallazgos deriven en prevención y justicia efectiva.
