Violencia que puntea más allá del activismo: víctimas indirectas y temor que frena luchas locales
En México, la defensa del medio ambiente deja de ser únicamente una confrontación entre activistas y proyectos extractivos para convertirse en un riesgo que alcanza a los parientes de quienes denuncian afectaciones. Activistas reunidos en el conversatorio Personas defensoras del medio ambiente: desafíos para su protección y acceso a derechos alertaron que las intimidaciones —utilizadas como estrategia para coartar el activismo— se dirigen con frecuencia contra hijos, padres y hermanos, y no sólo contra la persona que encabeza la defensa del territorio.
Quienes ejercen la defensa ambiental explicaron que el daño que más pesa no es la amenaza individual, sino la posibilidad real de que se materialicen agresiones contra integrantes de la familia. Esa circunstancia, señalaron, ha forzado el abandono de procesos de defensa en múltiples comunidades porque los atacantes suelen ostentar la capacidad para cumplir sus advertencias.
“No es por uno mismo porque ya le perdimos el miedo a las amenazas, sino por el temor de las acciones en contra de los hijos, padres, hermanos y demás familiares”.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), con motivo del Día Nacional de las Personas Defensoras del Medio Ambiente, reportó que los agresores identificados no son homogéneos: aparecen gobiernos locales y estatales, el crimen organizado, empresas privadas e incluso actores dentro de las mismas comunidades, donde la presión social y los estereotipos de género intensifican la violencia contra mujeres defensoras.
Los datos que comparte Cemda muestran un escenario en incremento y con modalidades múltiples de ataque: estigmatización, criminalización, difamación e intimidación son formas recurrentes de agresión. En especial, la violencia dirigida por razones de género ha presentado un alza significativa.
| Métrica | Valor reportado |
|---|---|
| Aumento de violencia contra mujeres (2024–2025) | 61.8% |
| Agresiones contra mujeres por su labor ambiental (registro) | 89 |
| Agresiones totales en 2025 | más de 350 |
| Víctimas indirectas registradas | 44 |
El caso de Berenice Sánchez, de la comunidad de San Francisco Magú en el Estado de México, ilustra la combinación de estigmatización y presión comunitaria que enfrentan quienes defienden bosques y ecosistemas. Historias como esa se repiten en distintos puntos del país y muestran cómo la defensa ambiental puede ser reprimida por vías legales, mediáticas o violentas.
Actores, formas de agresión y barreras para la protección
Entre las personas y grupos que ejercen hostigamiento se cuentan autoridades con poder de decisión, empresas interesadas en proyectos que alteran ecosistemas, estructuras delictivas que controlan territorios y, en algunos casos, miembros de las mismas comunidades que perciben a las defensoras como una amenaza a sus intereses o subordinan su rechazo a estereotipos de género.
- Estigmatización: etiquetamiento público que desacredita la labor defensora.
- Criminalización: uso de procesos judiciales o administrativas para inhibir denuncias.
- Difamación e intimidación: campañas y amenazas que buscan aislar socialmente a activistas.
Los patrones muestran, además, que las mujeres defensoras enfrentan un doble riesgo: por su actividad y por la persistencia de roles de género que facilitan la exclusión y la violencia. El incremento reportado en 2025 respecto al periodo anterior obliga a revisar los mecanismos de protección y la asignación de recursos para garantizar la seguridad de personas y familias involucradas en la defensa de territorios y bienes ambientales.
Implicaciones y urgencias públicas
La extensión de la violencia a familiares configura no sólo una agresión individual, sino una estrategia para fracturar resistencias comunitarias y desalentar la participación ciudadana en la protección ambiental. Esto tiene consecuencias prácticas: reduce la fiscalización social de proyectos, debilita la gobernanza local y, por ende, facilita la continuidad de actividades que degradan ecosistemas.
Organizaciones civiles, defensoras y abogados han pedido políticas de protección diferenciales que contemplen a los familiares expuestos, así como protocolos que aborden la violencia de género en el contexto de la defensa ambiental. La documentación reciente de agresiones resalta la necesidad de coordinación entre autoridades, sociedad civil y organismos internacionales para garantizar medidas de protección efectivas y reparación cuando corresponda.
Sin respuestas públicas más robustas, la estrategia de dirigir amenazas a las familias seguirá siendo una herramienta eficaz para detener procesos colectivos que buscan preservar bosques, ríos y territorios frente a presiones extractivas o inmobiliarias. El reto para el Estado y la sociedad es impedir que el costo de la defensa del medio ambiente recaiga, de forma creciente, sobre los allegados de quienes deciden protegerlo.
