Fallos y efectos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo a una empresa del ramo del yeso contra el cobro del denominado impuesto verde, lo que reaviva la controversia legal entre el Gobierno de Nuevo León y las compañías dedicadas a la extracción de materiales pétreos. El tribunal federal consideró que, en ese caso concreto, la materia corresponde a la competencia del Congreso de la Unión.
El esquema fiscal entró en vigor el 1 de enero de 2022 e incluyó gravámenes por extracción de materiales pétreos, emisiones a la atmósfera, contaminación del agua y afectaciones al suelo y subsuelo. Desde su implementación un conjunto de empresas promovió recursos legales para impugnar la medida.
Antecedentes procesales
Según el expediente consultado, en total nueve pedreras, una institución hospitalaria y Petróleos Mexicanos presentaron 11 juicios de amparo por separado. De esos recursos, ocho fueron admitidos en marzo de 2022 por juzgados federales en la materia administrativa en Nuevo León. Aunque los primeros procedimientos no prosperaron de manera amplia, la controversia llegó finalmente a la SCJN.
| Concepto | Cifra |
|---|---|
| Empresas pedreras que promovieron amparos | 9 |
| Juicios de amparo presentados | 11 |
| Amparos admitidos en marzo de 2022 | 8 |
Posición del gobierno estatal y alcance del fallo
El Gobierno de Nuevo León ha afirmado que el impuesto permanece vigente para el resto de las empresas, y que la resolución de la SCJN sólo beneficia a la compañía que obtuvo la protección de la justicia federal en el juicio de amparo 592/2025. Esa lectura limita, por ahora, el impacto directo del fallo al caso concreto resuelto por la Corte.
- Ámbito legal: la SCJN subrayó competencia federal en actividades sobre explotación del subsuelo y minería.
- Ámbito fiscal: el impuesto sigue aplicándose salvo que nuevos amparos o sentencias lo modifiquen.
- Riesgo político: la decisión impulsa el debate sobre la constitucionalidad y diseño de gravámenes ambientales en la entidad.
Consecuencias locales y siguientes pasos
El fallo proyecta efectos en la relación entre el Ejecutivo estatal y el sector extractivo: podría incentivar a otras empresas a buscar amparos similares o motivar al Congreso local y al gobierno a revisar la normatividad para evitar nuevas impugnaciones. Además, la disputa puede tener repercusiones en costos para la construcción y en la planeación presupuestal estatal si una proporción relevante de contribuyentes obtiene sentencias favorables.
En lo inmediato, la resolución de la SCJN pone en manos de tribunales federales y del propio Ejecutivo estatal las próximas definiciones: ya sea la defensa del cobro para el resto de los contribuyentes, la interposición de recursos que permitan ampliar el criterio, o la propuesta de reformas para ajustar el impuesto a parámetros constitucionales y técnicos.
