Gobierno federal anuncia nuevo centro penitenciario para Sinaloa tras hechos en Mazatlán
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la construcción de un nuevo centro penitenciario en Sinaloa después de que dos riñas en el Centro de Readaptación Social conocido como El Castillo en Mazatlán dejaran un saldo de 12 personas muertas. Las confrontaciones se registraron el jueves 8 y el viernes 9 de octubre; la primera ocurrió durante el horario de visitas y la segunda en un módulo del penal.
Según el reporte oficial citado, en el primer enfrentamiento murieron nueve personas privadas de la libertad y un menor de edad de 2 años que se encontraba de visita, además de alrededor de 16 o 17 lesionados. En la escena se localizaron armas de fuego, entre ellas pistolas calibre 9 mm. La segunda riña, menos de 24 horas después, dejó dos internos más fallecidos por heridas producidas con arma punzocortante.
| Fecha | Hecho | Muertos | Heridos |
|---|---|---|---|
| 8 de octubre | Riña en horario de visitas (módulos 4 y 5) | 10 (incluye menor de 2 años) | 16–17 |
| 9 de octubre | Segunda riña en módulo | 2 | No especificado |
| Acumulado | 12 | Decenas |
Las autoridades estatales y federales descartaron, hasta los comunicados citados, la irrupción de un grupo armado externo y describieron las confrontaciones como enfrentamientos internos entre internos del penal. Para recuperar el control intervinieron fuerzas del Ejército, la Guardia Nacional y la Marina; además se suspendieron las visitas familiares y el penal quedó reforzado con personal del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, dependiente de la SSPC.
El anuncio de Harfuch incluyó la descripción del proyecto como un centro “moderno, seguro y con infraestructura adecuada” para fortalecer el control penitenciario y contribuir a reducir la violencia en Sinaloa. No se precisó la ubicación del nuevo penal, si reemplazará al actual Cereso de Mazatlán ni el calendario de ejecución. Autoridades estatales habrían aportado terrenos, según reportes, vía la administración a cargo de Graciela Domínguez Nava.
“El objetivo es fortalecer el control penitenciario y contribuir a reducir la violencia en el estado”,
Para los habitantes de Mazatlán, la decisión tiene implicaciones concretas: aumento de presencia militar y policial en el corto plazo alrededor del penal, suspensión de visitas que afecta a familias de internos y un posible proyecto de infraestructura que podría reconfigurar la operación penitenciaria local. Además, el suceso revela la influencia de grupos criminales en centros penitenciarios del estado: en Sinaloa están recluidos integrantes del cártel de Sinaloa, que desde 2024 enfrenta una guerra interna que, según reportes, ha dejado ya más de 1,000 muertos en la entidad.
Medidas anunciadas y pasos siguientes:
- Refuerzo inmediato del Cereso El Castillo con personal de la Guardia Nacional y del Órgano Administrativo Desconcentrado.
- Intervención de fuerzas federales (Ejército, Marina) para asegurar el penal y continuar con las labores de control.
- Proyecto de construcción de un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, sin ubicación ni cronograma públicos.
Las familias de las víctimas y de las personas privadas de la libertad enfrentan ahora la incertidumbre por la suspensión de visitas y el reforzamiento de la seguridad. Las autoridades federales y estatales tendrán que aclarar puntos clave para la población de Mazatlán: dónde se localizará el nuevo penal, si el existente será sustituido, y qué medidas concretas habrá para evitar que se repitan riñas con armas de fuego dentro de los centros de reclusión.
