El aumento en la percepción y en los índices de inseguridad en Manzanillo encendió la alerta de organizaciones de víctimas y especialistas en derecho, que demandan una mayor coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno para contener delitos que afectan con particular fuerza al puerto y su actividad económica.
Delitos de alto impacto y afectación económica
Ángel Durán Pérez, asesor jurídico de víctimas, subrayó que la problemática no solo se refleja en la percepción social sino en delitos concretos que han ido al alza: homicidios, robo a tráileres o tractocamiones y extorsión. Estas conductas, explicó, tienen consecuencias directas en la operación logística y comercial del puerto, así como en la seguridad de las comunidades que habitan las zonas donde ocurren con mayor frecuencia.
"La violencia en Manzanillo y como consecuencia los delitos como percepción social han crecido aunque la autoridad encargada del orden no específicamente lo reconoce como tal"
Durán Pérez señaló que, aunque algunas autoridades no admiten un incremento marcado, las cifras publicadas por distintas instituciones y la vivencia de la ciudadanía muestran una realidad distinta. En su diagnóstico enfatizó que el robo a la carga ha crecido conforme aumenta el transporte de carga pesada en la región, lo que convierte determinadas rutas y puntos de la infraestructura logística en focos de riesgo.
- Homicidios: delito de alto impacto social que obliga a reforzar investigación y persecución penal.
- Robo a tractocamiones: afecta el comercio y la logística, genera pérdidas para dueños y concesionarios.
- Extorsión: incrementa la presión sobre comerciantes y transportistas en la zona.
Responsabilidades y peticiones
El asesor jurídico urgió a que las autoridades federales, estatales y municipales reconozcan la dimensión del problema y actúen de manera coordinada. Señaló que, por la naturaleza del transporte de carga y la competencia de diversas instancias, corresponde a la federación asumir acciones concretas para mitigar el impacto, pero también que las autoridades locales deben fortalecer la denuncia ciudadana y la investigación.
Además de la exigencia a las instituciones, Durán Pérez llamó a la ciudadanía a denunciar los delitos y a exigir resultados: sin una cultura de denuncia y sin seguimiento efectivo por parte de las autoridades, dijo, será difícil reducir estos índices y reparar el daño económico que sufren concesionarios y propietarios afectados.
La petición plantea retos concretos para Manzanillo: reforzar patrullajes en rutas de carga, mejorar la coordinación de inteligencia entre corporaciones, agilizar investigaciones y crear mecanismos de protección para transportistas y comerciantes. Para la población, implica mayor vigilancia comunitaria, uso de canales formales de denuncia y presión institucional para aclarar y atender los casos.
