Propuesta busca una transición más equitativa y sostenible
El Gobierno de Colima presentó una iniciativa para reformar la normativa local que regula el uso de fuentes limpias y la eficiencia en el consumo energético, con la intención de orientar la política pública hacia una transición energética que considere impactos sociales y ambientales. El documento, elaborado por el Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Imades) junto con la organización Política y Legislación Ambiental (Polea), A.C., reúne casi ocho meses de trabajo entre especialistas, academia, sociedad civil y sectores productivos.
La propuesta plantea incorporar principios que buscan equilibrar la adopción de tecnologías limpias con la protección de los grupos más vulnerables, entre ellos:
- Justicia energética: priorizar medidas que eviten que la carga del cambio hacia energías limpias recaiga en hogares de bajos ingresos.
- Perspectiva de género: integrar enfoques que atiendan desigualdades y promuevan la participación de mujeres en proyectos energéticos.
- Juventudes y equidad intergeneracional: considerar a las nuevas generaciones en la toma de decisiones y en beneficios de largo plazo.
Además de estos principios, la reforma propone impulsar acciones concretas como el aumento de la eficiencia en el consumo, la promoción de la electromovilidad y el impulso a proyectos de energías renovables que contribuyan a reducir la pobreza energética en comunidades con acceso limitado o costoso a servicios básicos.
| Ámbito | Objetivo |
|---|---|
| Eficiencia energética | Reducir consumos y costos para usuarios residenciales y comerciales |
| Electromovilidad | Fomentar transporte eléctrico y sus redes de carga |
| Renovables | Facilitar instalaciones limpias con criterios sociales |
El gobierno estatal ya remitió la iniciativa al Poder Ejecutivo y al Congreso del Estado para su análisis y eventual dictaminación. El proceso legislativo determinará las especificaciones técnicas, los incentivos regulatorios y los mecanismos de apoyo para personas y municipios.
Para la ciudadanía, los cambios propuestos podrían traducirse en:
- Menores costos de energía en el mediano plazo si se mejora la eficiencia y se despliegan fuentes renovables locales.
- Programas de apoyo focalizados para barrios y localidades en situación de pobreza energética.
- Oportunidades de empleo en proyectos de energía limpia y movilidad eléctrica, siempre que la normativa contemple capacitación y criterios de inclusión.
La iniciativa también abre la discusión sobre cómo equilibrar inversiones privadas y control público, y sobre los criterios de ubicación de infraestructura —como parques solares o puntos de recarga— para evitar impactos ambientales y sociales no deseados. Las organizaciones que participaron en la redacción sostienen que el enfoque participativo pretende reducir resistencias y acelerar la implementación.
El siguiente paso será el análisis legislativo; el resultado definirá el ritmo y la forma en que Colima avanzará hacia una política energética más sostenible y con mayor atención a la equidad social.
