La Fiscalía General del Estado de Guanajuato presentó un recurso para revertir el fallo de una jueza que permitió al exregidor de Morena Óscar Edmundo Aguayo Arredondo seguir el proceso por violencia familiar en libertad, pese a las denuncias de agresión física contra su esposa, la regidora Celia Carolina Valadez Beltrán.
Según la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 30 de junio en la colonia La Venada, en la capital del estado; la agresión se produjo en el interior de un vehículo y vecinos alertaron a las autoridades. Al arribar, autoridades encontraron al hijo de la pareja pidiendo ayuda para su madre.
"La fiscalía siempre tiene que ir por todo. Estos delitos están vinculados con la violencia para las familias, para las mujeres, esta violencia absurda e innecesaria... el Ministerio Público no puede verse pasivo o menos combativo en este tipo de casos",
La Fiscalía, a cargo de Gerardo Vázquez Alatriste, consideró insuficiente que la jueza haya impuesto únicamente una orden de restricción que prohíbe al imputado acercarse a menos de dos kilómetros de la víctima o contactarla por cualquier vía, y sostiene que corresponde agotar todas las vías legales para proteger a la víctima y procurar sanciones contra el agresor.
Medidas adoptadas y estado del proceso
- Vinculación a proceso por violencia familiar.
- Orden de restricción: prohibición de acercarse a menos de 2 km y de comunicarse con la víctima.
- Fiscalía interpone recurso para que el imputado regrese a prisión y enfrente proceso.
- El partido Morena analiza posibles sanciones o expulsión del exregidor.
El propio Óscar Edmundo Aguayo informó que presentó un recurso de apelación contra la vinculación a proceso, señalando en un comunicado que la resolución "no constituye una sentencia" y que existe otra versión de los hechos que, dijo, deberá analizarse en el tribunal.
| Hecho | Fecha |
|---|---|
| Agresión denunciada | 30 de junio |
| Vinculación a proceso | Semana previa (fecha no especificada en la fuente) |
| Apelación del imputado | 11 de julio |
| Impugnación de la Fiscalía | 14 de julio |
El caso trasciende a la opinión pública local por la condición pública de las personas involucradas y por la relevancia de las decisiones judiciales en casos de violencia de género. Para las autoridades locales y judiciales supone un reto en la protección efectiva de la víctima y en garantizar que las medidas cautelares no dejen en riesgo su integridad física y psicológica.
Para la ciudadanía, el seguimiento del proceso permitirá conocer si el sistema de procuración de justicia en la entidad opta por medidas más restrictivas para los imputados en delitos de violencia familiar cuando existe riesgo evidente para la víctima, así como las posibles repercusiones políticas dentro de Morena en el estado.
