Petición salarial y contrato colectivo ponen presión sobre finanzas del Congreso
El Sindicato del Congreso del Estado de Morelos solicitó un aumento del 6.3% con efectos retroactivos al 1 de enero, medida que reactiva el debate sobre los costos laborales dentro del Poder Legislativo estatal. La demanda se produce pese a que el sindicato cuenta con uno de los convenios colectivos más onerosos del sector público local.
Según el documento de la petición, el incremento aplicaría sobre nóminas que ya registran percepciones elevadas en comparación con los ingresos promedio de la población morelense. Entre los ejemplos citados, una plaza de Secretaría Ejecutiva alcanzaría los 67,606 pesos mensuales con el ajuste, mientras que otros puestos sindicalizados superarían holgadamente los 56,000, 57,000 y 58,000 pesos mensuales.
El sindicato agrupa actualmente a 145 trabajadores que se benefician del contrato colectivo. No obstante, el costo final para el erario no se limita al salario base: el convenio contempla más de 40 prestaciones y apoyos adicionales sufragados con recursos públicos.
- Plaza referida: Secretaría Ejecutiva — 67,606 pesos mensuales (con aumento solicitado).
- Personal sindicalizado: puestos con percepciones por encima de 56,000 a 58,000 pesos mensuales.
- Plantilla beneficiada: 145 trabajadores según el sindicato.
- Prestaciones: más de 40 conceptos incluidos en el convenio colectivo.
En la lista de beneficios pagados por el Congreso figuran despensas mensuales, estímulos por buen desempeño escolar, uniformes, viáticos permanentes de traslado y fondos destinados a las celebraciones de fin de año del gremio. Además, el convenio incluye un fondo para la adquisición de útiles escolares cuyo monto asciende a más de 822,000 pesos.
| Concepto | Dato |
|---|---|
| Solicitud de aumento | 6.3% con retroactividad al 1 de enero |
| Plazas beneficiadas (aprox.) | 145 trabajadores |
| Prestaciones en convenio | Más de 40 |
| Fondo para útiles escolares | 822,000 pesos |
Representantes de la dirigencia sindical han tratado de relativizar el impacto del reclamo, al señalar que la diferencia solicitada equivale a una décima respecto del ajuste del año anterior. Sin embargo, especialistas y voces críticas señalan que aplicar el porcentaje sobre nóminas ya altas implicaría un erogación millonaria para el Congreso, cuyo presupuesto proviene de los impuestos locales.
Para la ciudadanía, la discusión alcanza dos aristas: por un lado, la defensa de las condiciones laborales de empleados del Poder Legislativo; por otro, la exigencia de transparencia y proporcionalidad en el uso de recursos públicos, sobre todo en un contexto de limitaciones presupuestarias estatales. El reclamo sindical podría llevar al Legislativo a revisar su estructura de gasto o a abrir una negociación pública sobre qué prestaciones deben sostenerse con cargo al erario.
En los próximos días, se espera que el sindicato y las autoridades del Congreso inicien mesas de diálogo o que el propio Poder Legislativo informe del impacto financiero exacto de la solicitud. Mientras tanto, la petición ha encendido el debate público sobre la conveniencia de mantener contratos colectivos con elevados beneficios en una entidad cuya economía muestra marcadas desigualdades.
