Conflicto de tierras en Tecamachalco pone en riesgo inversiones y empleos en La Paz
Empresarios del barrio Tecamachalco, en la ciudad de La Paz, denunciaron que desde hace doce años enfrentan un proceso ante el Tribunal Agrario por una demanda presentada por personas que se ostentan como ejidatarios, sin que hasta ahora los demandantes hayan exhibido documentos que acrediten la titularidad de las tierras reclamadas.
Los afectados, encabezados por Javier Arellano Martínez, aseguraron que las parcelas en disputa fueron en su momento dotadas, vendidas a particulares y posteriormente urbanizadas, formando parte del crecimiento municipal. Según los empresarios, cuentan con escrituras públicas, registros en el Registro Público de la Propiedad, pago de impuestos y planos certificados que respaldan la legalidad de sus predios.
“Si se les otorgaron metros adicionales, que presenten los documentos. No tienen con qué comprobarlo”, dijo uno de los representantes empresariales.
Durante las audiencias, añadieron, magistrados del propio Tribunal Agrario han observado la ausencia de planos o títulos que sustenten las pretensiones de los demandantes; sin embargo, el proceso continúa y en algunos casos se han concedido amparos a los reclamantes, lo que para los empresarios resulta contradictorio y les impide cerrar los expedientes y obtener certeza jurídica.
- El reclamo de los ejidatarios se apoya, según los empresarios, en un plano elaborado por la entonces PGR cuya procedencia y validez consideran dudosa.
- Los empresarios piden una investigación y sanciones penales en caso de detectarse intentos de extorsión mediante reclamos sin sustento.
- Alertan sobre el impacto económico: procedimientos prolongados que afectan inversiones, empleos y el desarrollo municipal.
En su petición pública, los afectados invocaron declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que han interpretado como un llamado a no proceder sin pruebas suficientes, por lo que solicitan que las autoridades correspondientes —tanto administrativas como judiciales— actúen para resolver la controversia con base en documentación válida y transparente.
El conflicto sitúa en el centro la vulnerabilidad que enfrentan propietarios, desarrolladores y trabajadores cuando procesos agrarios se extienden por años. Para la comunidad paceña, la inseguridad sobre la titularidad de predios urbanos puede frenar proyectos de obra, desalentar la inversión privada y generar incertidumbre laboral para quienes dependen de esos negocios.
| Elemento | Situación según empresarios |
|---|---|
| Documentos de propiedad | Escrituras ante notario, inscritas en registro público |
| Reclamo de ejidatarios | Basado en plano de la PGR, sin títulos ni planos oficiales ante el Tribunal |
| Tiempo del litigio | 12 años |
La denuncia pública de los empresarios demanda que las autoridades judiciales revisen con mayor rigor las pruebas aportadas por los demandantes y que, en caso de acreditarse irregularidades o intentos de extorsión, se proceda con las sanciones penales correspondientes. Asimismo, piden claridad sobre los criterios usados por el Tribunal Agrario para admitir recursos y conceder amparos cuando la documentación de los reclamantes aparentemente es insuficiente.
Si no se resuelven a la brevedad estas controversias, advierten los afectados, el resultado podría ser más que una disputa legal: se traduciría en menor inversión privada, paralización de obras y pérdida de empleos en La Paz, con consecuencias directas para la economía local y la prestación de servicios vinculados al desarrollo urbano.
Hasta el cierre de esta nota no se recibió una versión oficial del Tribunal Agrario ni de los grupos que se ostentan como ejidatarios sobre los argumentos esgrimidos por los empresarios.
