Conflicto jurisdiccional deja en libertad a presunto responsable de agresión
La investigación por una agresión ocurrida el 10 de septiembre de 2025 que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) calificó como tentativa de feminicidio enfrenta ahora un impasse procesal que mantiene sin protección efectiva a la víctima. A partir de peritajes médicos, psicológicos y testimoniales, el órgano acusador integró pruebas y solicitó una orden de aprehensión contra Andrés “N”, quien fue localizado y detenido el 1 de julio de 2026 en la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México.
Sin embargo, cuatro días después de la captura el juez de control de Tlalnepantla, Arcadio Reyes Rojas, consideró que los elementos aportados por la Fiscalía no eran suficientes para sujetar al imputado a proceso y ordenó su libertad inmediata. La resolución judicial dejó a la víctima —identificada con las iniciales R.M.C.R.R.— en contacto directo con su presunto agresor, lo que ha reabierto la discusión sobre las lagunas del sistema penal y la coordinación entre autoridades de distintas demarcaciones.
El expediente, según la Fiscalía, incluye dictámenes periciales y médicos que documentan la agresión que tuvo lugar en un paraje del camino al ex convento del Desierto de los Leones. La investigación también apunta a un posible móvil económico: un préstamo entregado por la víctima en diciembre de 2024 que no habría sido devuelto.
- Fecha del hecho: 10 de septiembre de 2025.
- Detención del imputado: 1 de julio de 2026 en Cuajimalpa, CDMX.
- Decisión judicial: 4 de julio de 2026, no vinculación a proceso por juez de Tlalnepantla.
- Acción del Ministerio Público: impugnación presentada el 8 de julio de 2026 ante el Tribunal de Alzada.
Ante la apelación del Ministerio Público, el Tribunal de Alzada aún no ha resuelto el fondo porque primero debe determinar qué juzgado es competente para conocer del caso. Esa discusión sobre competencia —entre la FGJEM y las autoridades de la Ciudad de México— es la que ha puesto en pausa el avance procesal y mantiene a la víctima en una situación de vulnerabilidad.
| Hecho | Fecha |
|---|---|
| Agresión documentada | 10/09/2025 |
| Préstamo presunto móvil | Diciembre 2024 |
| Detención del imputado | 01/07/2026 |
| No vinculación a proceso | 04/07/2026 |
| Impugnación del MP | 08/07/2026 |
El episodio adquiere relevancia pública también a la luz de iniciativas legislativas federales recientemente anunciadas que buscan homogeneizar la tipificación y sanción del feminicidio en todo el país. Entre los objetivos planteados a nivel nacional está cerrar vacíos que permitan decisiones dispares entre ministerios públicos y juzgados, y fortalecer los mecanismos de investigación para evitar que víctimas queden expuestas por fallas procedimentales o por disputas de competencia.
Para las autoridades y para la ciudadanía del Estado de México, el caso ejemplifica dos problemas persistentes en la materia: la necesidad de reunir y presentar pruebas sólidas para sostener medidas cautelares y acusaciones en estrados, y la urgencia de protocolos claros de colaboración entre jurisdicciones cuando hechos y detenciones involucran a distintas demarcaciones.
Mientras el Tribunal de Alzada decide qué juzgado es competente y resuelve la apelación del Ministerio Público, el proceso permanece estancado. El desenlace de este recurso determinará si el caso retoma curso en la Fiscalía estatal, si pasa a otra instancia o si, en el peor escenario, se diluye la posibilidad de sancionar el hecho denunciado. La situación mantiene en expectativa no solo a la víctima, sino al público interesado en la eficacia de las instituciones encargadas de proteger a las mujeres en la entidad.
