Norma prohíbe golpes, pellizcos y castigos humillantes
Este martes quedó vigente en Aguascalientes la reforma conocida como "Ley Chancla", publicada el 6 de julio de 2026 en el Periódico Oficial del Estado, que prohíbe expresamente los castigos corporales o humillantes contra niñas, niños y adolescentes. La disposición modifica la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes y establece obligaciones para autoridades estatales y locales.
El texto legal señala como prohibidos todo acto en el que se utilice la fuerza física, entre los que se mencionan de forma explícita: golpes con la mano o con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas; así como prácticas destinadas a causar dolor o malestar, aunque sean leves.
- Espacios de aplicación: hogar, escuelas, parques, instituciones y espacios públicos.
- Conductas prohibidas: castigo corporal, castigo humillante, obligar a sostener posturas incómodas, quemaduras o forzar la ingesta de alimentos hirviendo.
- Responsabilidad: autoridades locales y estatales deben garantizar el respeto y la protección de los derechos de la niñez.
| Artículo | Contenido relevante |
|---|---|
| Artículo 4 | Define y prohíbe el uso de la fuerza física y actos que causen dolor o malestar. |
| Artículo 46 | Prohíbe cualquier tipo de violencia, en especial castigo corporal o humillante, por cualquier medio. |
La reforma también incorpora medidas para evitar prácticas que humillen o dañen a las personas menores de edad, como la imposición de posturas incómodas, quemaduras o la ingesta forzada de sustancias. El alcance de la norma no se limita a las instituciones educativas o de gobierno: el legislador determinó su aplicación en todos los espacios donde se desenvuelven niñas, niños y adolescentes.
"Las autoridades locales y del estado tienen la obligación de garantizar el respeto, protección, promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes"
La publicación en el Periódico Oficial advierte además que la violación de estos derechos podría tener repercusiones administrativas y penales, conforme a las normas vigentes en la entidad. En ese sentido, la entrada en vigor obliga a autoridades municipales y estatales a instrumentar mecanismos de vigilancia, atención y sanción, y obliga a la sociedad —especialmente a cuidadores y personal educativo— a ajustar prácticas de disciplina hacia modelos no violentos.
Para padres, tutores y responsables de centros educativos implica la necesidad de revisar protocolos y capacitaciones sobre formas alternativas de corrección y protección de la niñez. En el plano institucional, la norma abre la puerta a procedimientos administrativos y, en su caso, procesos penales cuando se determine que existieron agresiones en contra de menores.
