Ejidatarios de Timucuy pidieron la intervención de autoridades agrarias tras denunciar que en una asamblea celebrada el 23 de noviembre de 2025 fueron inducidos a firmar la entrega en usufructo de 50 hectáreas a la empresa denominada Terramaya, por un plazo de 30 años, y que muchos firmantes lo hicieron sin entender el alcance de lo que aprobaban.
Acusaciones y pagos: lo que señalan los afectados
De acuerdo con los denunciantes, a más de 200 personas se les pagaron cantidades económicas, pero el monto por beneficiario fue, dijeron, insuficiente y desigual según si contaban o no con certificado ejidal. Los datos recabados en la comunidad indican:
| Concepto | Cifra |
|---|---|
| Superficie rentada | 50 hectáreas |
| Plazo del usufructo | 30 años |
| Pago a quienes tenían certificado ejidal | $4,000 por persona |
| Pago a quienes no tenían certificado | $2,000 por persona |
| Personas que recibieron pago | Más de 200 |
| Integrantes aproximados del ejido | ~600 (con activos o vivos ~300) |
Según los afectados, el comisario ejidal, Fernando Mex Dzulúb, informó a algunas personas que únicamente firmaban un "apoyo de campo", cuando en realidad se llevaba a cabo la asamblea en la que se autorizó el usufructo. Los denunciantes acusaron además que el comisario habría recibido 2,250,000 pesos por la operación, monto que, dicen, no concuerda con los pagos individuales entregados a la base ejidal.
"apoyo de campo"
Irregularidades en la convocatoria y presunta coacción
Los relatos de pobladores describen visitas casa por casa de parte del equipo del comisario para reunir votantes, especialmente entre personas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, afirman que el día de la reunión hubo presencia de policías locales, quienes —según los denunciantes— no correspondían al personal que normalmente cubre la zona, y cuya presencia habría favorecido a los promotores de la asamblea.
- Los afectados solicitan la nulidad de la asamblea ejidal realizada el 23 de noviembre de 2025.
- Denuncian engaño por parte de autoridades ejidales y pagos insuficientes.
- Piden revisión de los recursos percibidos por el comisario y la protección de los derechos agrarios de los inseguros.
Implicaciones locales y pasos siguientes
Si la asamblea se anula, las decisiones sobre la renta de las 50 hectáreas podrían revertirse y requerir una nueva deliberación con condiciones de información y transparencia. Además, la atención de autoridades agrarias federales o estatales podría derivar en la revisión de actas, contabilización de votos y verificación de la legalidad de los pagos realizados.
Para los habitantes de Timucuy, el conflicto impacta directamente en la tenencia y el uso de tierras comunales, así como en la confianza hacia sus representantes ejidales. Los posibles escenarios incluyen procesos administrativos ante la autoridad agraria competente y, de confirmarse irregularidades, acciones legales por parte de quienes se consideren afectados.
Las personas interesadas en seguimiento o asesoría legal agraria deberán dirigirse a las instancias correspondientes para tramitar la nulidad o presentar pruebas; la denuncia pública busca precisamente presionar para que dichas instancias actúen y se reparen posibles daños al patrimonio ejidal.
